Por Alessia Genoves

El pasado 3 de septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por vigésima novena vez la prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, decretado inicialmente el 27 de marzo de 2022. Con 57 votos a favor, el pleno legislativo dio luz verde a 30 días más de suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de correspondencia, el derecho a ser informado de los motivos de detención y la prolongación de la detención administrativa a 15 días. La medida fue aprobada con dispensa de trámites mediante la Pieza de Correspondencia 1-A, durante la Plenaria No. 18.

Desde su implementación hace más de dos años, el Régimen de Excepción ha significado la detención de 73,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales 7,000 han sido liberadas por falta de pruebas. Entre marzo de 2022 y octubre de 2023 se registraron 6,250 denuncias por violaciones a derechos humanos y 173 muertes en prisión.

Reducción drástica de homicidios

Según las cifras más recientes de la Fiscalía General de la República (FGR), en los primeros siete meses de 2024 se han registrado apenas 9 homicidios intencionales en todo el país. De estos, 2 están relacionados con delincuencia general, 3 se atribuyen a intolerancia social y 4 a intolerancia familiar. Esta cifra contrasta enormemente con los 496 homicidios reportados en todo el año 2023 y los 154 del 2022.

El desglose de los homicidios en 2023 muestra una imagen muy diferente: se registraron 429 homicidios por delincuencia general, 36 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar, sumando un total de 496. En 2022, aunque la cifra total fue menor, con 154 homicidios, la distribución fue distinta: 39 homicidios por delincuencia general, 96 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar.

Estos datos revelan una reducción significativa en todas las categorías de homicidios intencionales desde la implementación del Régimen de Excepción, con una disminución particularmente notable en los homicidios relacionados con la delincuencia general.

Pandillas debilitadas

Pese a esta notable reducción de la violencia homicida, un informe de InSight Crime publicado en septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la PNC, reveló que las tres principales pandillas del país -MS13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios- aún mantenían 54 grupos armados, sobre todo en zonas rurales.

“Las pandillas están debilitadas, pero existen clicas que pueden llevar a cabo los homicidios ordenados”, afirmó el reporte policial citado por InSight Crime.

La PNC estimaba que 66,000 de los 73,000 detenidos bajo el Régimen eran mareros o presuntos pandilleros. Sumando los 7,000 liberados, se calculaba que 111,121 pandilleros permanecían en libertad en el país a finales de 2023. Esto contradecía las afirmaciones triunfalistas del gobierno sobre la supuesta erradicación de las pandillas. “Informes policiales detallan con precisión la situación de las pandillas y su actual presencia dispareja en el territorio nacional”, apuntó InSight Crime en su momento.

El informe policial más reciente de 2023 indicaba que las maras más impactadas habían sido la MS13 y Barrio 18 Sureños, pero un 33% y 35% de sus miembros, respectivamente, continuaban libres. En el caso de Barrio 18 Revolucionarios, la situación era aún más preocupante, ya que el 46% no había sido capturado.

Polémica por violaciones a derechos humanos

La implementación del Régimen de Excepción ha estado rodeada de polémica desde su inicio. Según cifras de organizaciones sociales, en el contexto de esta medida se registraron 6,250 denuncias por violaciones a derechos humanos hasta octubre de 2023. Además, se reportaron 173 muertes en prisión de personas detenidas bajo el Régimen, de las cuales 142 fueron sobreseídas por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) indicó que la suspensión de garantías constitucionales ha validado la violación sistemática de derechos. En ese sentido, Cristosal y Human Rights Watch condenaron las “detenciones arbitrarias masivas” que se han llevado a cabo.

El gobierno defiende la medida argumentando su efectividad contra las pandillas y la reducción drástica de homicidios. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales insisten en denunciar las cifras de violaciones a derechos humanos y abusos que se han registrado desde marzo de 2022.