Por Alessia Genoves

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 15 de octubre de 2024, con 57 votos a favor, el Dictamen Favorable No. 9 de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que contiene las «Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego». La normativa, aprobada durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 25, busca facilitar el registro de armas no registradas y promover la entrega voluntaria de armas artesanales.

Objetivos y alcance

Las Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego buscan facilitar el registro de armas no registradas y promover la entrega de armas artesanales. El Dictamen Favorable No. 9 establece como objetivo «tener un control efectivo del armamento existente en nuestro país» y «garantizar un efectivo control de parte del Estado». 

La normativa establece un período de 90 días para que los ciudadanos registren armas no registradas sin enfrentar acciones penales por tenencia ilegal (art. 6), y permite portar un acta notarial declarando la buena fe del traslado del arma para legalización, válida por 48 horas.

Faculta al Ministerio de la Defensa Nacional para recibir, desarmar y destruir armas artesanales entregadas voluntariamente. El artículo 6 establece que «No se ejercerá acción penal o civil en contra de las personas que resultaren beneficiadas por este decreto, por el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego», ni acciones civiles sobre los denunciantes (art. 7)durante la vigencia de la ley. 

Contradicciones

FESPAD propone un enfoque diferente en una carta del 16 de octubre de 2024 a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. El Director Ejecutivo de FESPAD, MSc. Héctor Carrillo, señala: «Entre los años 2019 y junio 2024 se registraron 5,331 homicidios, de los cuales en promedio el 80% fueron cometidos con un arma de fuego, según cifras oficiales. Entre 2019 y 2021 se registraron 12,444 hechos delictivos cometidos con un arma de fuego.»

FESPAD propone «un decreto transitorio para la entrega voluntaria y destrucción de armas de fuego, para fortalecer la prevención, reducción y eliminación de las armas pequeñas y ligeras como contribución a la paz en el país.» Su propuesta se enfoca en reducir la circulación de armas legales e ilegales, mientras la ley aprobada se centra en legalizar y registrar armas no registradas.

FESPAD se centra en la entrega voluntaria y destrucción de armas, sin énfasis en legalizar armas no registradas. Busca «implementar mecanismos legales e institucionales para reducir su circulación legal o ilegal en la sociedad salvadoreña».

Seguridad

Las estadísticas del Equipo Operativo de Homicidios muestran una reducción en las tasas de homicidios. En 2022 se registraron 496 homicidios intencionales, 429 categorizados como «Delincuencia General». En 2023, el total bajó a 154 homicidios intencionales, 53 atribuidos a «Delincuencia General». En los primeros nueve meses de 2024, se registraron 104 homicidios intencionales, 32 como «Delincuencia General».

Comparando enero a septiembre de cada año: en 2022 se registraron 445 homicidios intencionales, en 2023 fueron 110, y en 2024 se han registrado 104. Esto representa una reducción del 75.3% entre 2022 y 2023, y una reducción adicional del 5.5% entre 2023 y 2024 para el mismo período. La mayor reducción ocurrió entre 2022 y 2023, coincidiendo con la implementación del Régimen de Excepción, mientras la tasa de reducción se ha desacelerado en 2024. Y en el contexto del Plan Control Territorial, se argumenta en el Dictamen, «resulta necesario garantizar la seguridad pública, regulando las armas que no cuentan con un registro; otorgando facilidades para matricularlas.»