Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, en un contexto de acusaciones graves que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Según Medios Internacionales, esta decisión, que podría restringir significativamente la capacidad de Netanyahu para viajar, se produce en medio de un clima de tensión creciente en la región y tras la reciente escalada de violencia en Gaza.

El CPI ha encontrado “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant utilizaron “deliberadamente” el hambre como arma contra la población palestina en la Franja de Gaza, privando a los ciudadanos de agua, electricidad y asistencia médica. Aunque este procedimiento podría no cumplir con los criterios del delito de “exterminio”, sí podría considerarse “asesinato”, según la corte. Además, se les acusa de atacar deliberadamente a civiles, lo que contraviene el derecho de guerra.

Las órdenes de captura abarcan actos investigados entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, período que coincide con una escalada de violencia que dejó un saldo devastador en ambos lados. El 7 de octubre de 2023, ataques terroristas de Hamás resultaron en la muerte de 1.139 personas en Israel y la toma de 220 rehenes, mientras que la respuesta militar israelí ha dejado más de 40.000 muertos en Gaza, según cifras no verificadas de Hamás.

Por su parte, el CPI ha fundamentado la orden de arresto contra Ibrahim Al-Masri por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, exterminio, tortura, violación y toma de rehenes, específicamente en relación con los ataques del 7 de octubre. La corte ha emitido la orden de captura de manera cautelar, dado que no se ha podido confirmar la ubicación actual del acusado.

Ante esto, Netanyahu ha calificado a los jueces de “antisemitas” y su oficina ha expresado un rechazo contundente a lo que consideran acciones absurdas y falsas por parte del CPI. El presidente israelí, Isaac Herzog, ha descrito este momento como un “día negro para la justicia” y ha criticado la credibilidad de la justicia internacional.

En cambio, el encargado de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha defendido la decisión del tribunal, subrayando que debe ser respetada y cumplida por todos los países que son parte del tratado del IPC. Borrell ha enfatizado la necesidad urgente de poner fin a la tragedia en Gaza, mientras que Balkees Jarrah de “Human Rights Watch” ha instalado a los gobiernos a garantizar que se cumplan las órdenes de detención para asegurar justicia para todas las víctimas.

A pesar de que Israel no es parte del tratado de la CPI, la corte sostiene que tiene jurisdicción sobre el caso debido a la situación en los territorios palestinos, que incluye la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. El IPC fue establecido en 1998 y actualmente cuenta con 124 países miembros, aunque notables ausencias como Estados Unidos, Rusia, China e Irán complican su alcance y efectividad.

La CPI actúa en casos donde los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar crímenes de esta magnitud, diferenciándose del Tribunal Internacional de Justicia, que se ocupa de disputas entre estados.