Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, presentó este lunes una denuncia ante los tribunales en contra del expresidente Alejandro Giammattei, acusándolo de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

Según medios internacionales, esta acción marca la primera denuncia de la administración de Arévalo contra su predecesor derechista, quien lideró el país entre 2020 y 2024 y ahora goza de inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) hasta 2028, a pesar de haber sido sancionado recientemente por Estados Unidos por corrupción.

La denuncia fue anunciada en una conferencia de prensa por Carlos Mendoza, jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), quien detalló que Giammattei fue clave en la contratación de Melvin Quijivix, un funcionario sancionado dos años después por el Gobierno estadounidense.

Quijivix fue contratado en enero de 2021 como asesor en SEGEPLAN, cargo que nunca llegó a ejercer, pero que le permitió cobrar alrededor de $103,000 en salarios y prestaciones por servicios inexistentes, según las investigaciones oficiales.

De acuerdo con el Gobierno, la contratación de Quijivix se realizó para facilitar su acceso al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), institución que posteriormente presidió y en la cual supuestamente incurrió en múltiples actos de corrupción y nepotismo. La administración de Arévalo también solicitó que se investigue a Keila Gramajo, quien era titular de SEGEPLAN en ese momento, y al propio Quijivix, por los delitos de tráfico de influencias y fraude.

Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, una instancia creada por el gobierno en febrero de este año, calificó las acciones en el INDE como una “captura institucional”, al señalar que los actos de corrupción habrían sido sistemáticos y cuidadosamente planificados.

Arévalo asumió la presidencia con la promesa de enfrentar la corrupción, una tarea que se ha convertido en su principal bandera política. Sin embargo, desde que avanzó a la segunda vuelta en las elecciones de 2023, ha enfrentado diversas presiones y obstáculos legales, entre ellos acciones impulsadas por la fiscal general Consuelo Porras, quien también enfrenta sanciones de Washington por presuntos actos de corrupción.