Redacción: Isaac Guerrero

(ENNews)- En el marco del cuarto día de la audiencia preliminar por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrida en noviembre de 1989, tres de los acusados rechazaron las acusaciones en su contra. El proceso se centra en determinar responsabilidades en uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en El Salvador.

Durante la audiencia, los exmilitares implicados negaron su participación y defendieron su inocencia. Entre ellos, el general Rafael Humberto Larios, exministro de Defensa, afirmó ante el juez que nunca tuvo conocimiento ni aprobó acciones que atentaran contra la dignidad y la justicia. Según su declaración, las reuniones previas al hecho se limitaron a discutir estrategias militares contra el FMLN.

Otro de los acusados, el coronel Camilo Hernández, relató su negativa a participar en el asesinato del sacerdote Ignacio Ellacuría. Hernández aseguró que se opuso a la orden y, como consecuencia, enfrentó represalias dentro de la Fuerza Armada, incluyendo la degradación de su rango y el deterioro de su vida familiar. Según él, estas acciones afectaron su estabilidad emocional y económica.

El comandante Óscar Linares también defendió su posición, argumentando que, aunque lideraba el batallón Atlacatl, no estaba al tanto de que esa unidad sería enviada a la UCA. Linares explicó que su equipo fue desplegado bajo órdenes superiores para otras misiones, desvinculándose de la ejecución directa de los crímenes.

Los acusados solicitaron al juez que se reconozca su inocencia, alegando falta de pruebas directas de su involucramiento en los asesinatos. Además, algunos pidieron la restitución de su honor militar y una compensación por los daños sufridos durante los años de acusaciones y señalamientos. Mientras tanto, el proceso continúa, buscando justicia para las víctimas y esclarecimiento pleno de los hechos.