Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido sacudido por una ola de despidos que ha dejado a al menos 140 empleados en la calle. Según el medio escrito “Diario El Mundo”, fuentes confiables señalaron que el pleno de magistrados tomó esta drástica decisión durante una sesión celebrada el jueves pasado, sin importar la experiencia, antigüedad o estado de salud de los trabajadores.

Entre los despedidos se encuentran miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (STRATSE), personas que fueron sindical, empleados con enfermedades crónicas y sobrevivientes de cáncer. Esta purga ha generado una profunda conmoción en la institución y ha sido denunciada como un ataque a los derechos laborales y a la estabilidad de los empleados.

El sindicato había advertido previamente sobre los riesgos de esta decisión, señalando que la separación de jefes técnicos especializados descapitalizaría al TSE y pondría en riesgo la transparencia y eficiencia de los procesos electorales. Sin embargo, los magistrados hicieron caso omiso a estas advertencias y procedieron con los despidos.

Las fuentes consultadas por El Mundo, indican que algunos empleados ya han sido notificados de su despido, mientras que otros han sido llamados a reuniones o han encontrado bloqueado el acceso a sus computadoras. Los magistrados habrían optado por no renovar los contratos de estos trabajadores, con el objetivo de reemplazarlos con personal de su confianza.

Esta situación ha generado preocupación entre los observadores electorales y la sociedad civil, quienes temen que la politización del TSE pueda afectar la imparcialidad y la transparencia de las próximas elecciones. Además, el recorte presupuestario de $2.7 millones y la reducción de 166 plazas podrían debilitar aún más la capacidad institucional del TSE.

La decisión de los magistrados de despedir a personal clave, como los empleados de la Dirección de Organización Electoral y de Capacitación Electoral, pone en riesgo la capacidad del TSE para organizar elecciones libres, justas y transparentes.