Redacción: Isaac Ramírez

(ENNews)- Este sábado 21 de diciembre, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dio un paso decisivo al aprobar el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto impulsado por el Ejecutivo que promete regular esta actividad bajo estrictos estándares ambientales. La iniciativa, presentada apenas el viernes por la tarde, generó un intenso debate en torno a su viabilidad y posibles impactos.

El presidente de la CEL y director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, acudió a la comisión para defender la propuesta. Durante su intervención, subrayó que la explotación minera sería exclusivamente estatal y aseguró que no se utilizarán materiales dañinos como el mercurio, con el objetivo de proteger los recursos naturales del país. Álvarez presentó cinco pilares fundamentales del proyecto, destacando su enfoque en minimizar los riesgos medioambientales.

“Esta es una ley con los estándares más altos, diseñada para garantizar que la minería sea compatible con el cuidado del medio ambiente”, afirmó Álvarez.

No obstante, la propuesta enfrentó cuestionamientos por la ausencia de estudios previos que avalen su implementación. La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, preguntó directamente por la existencia de análisis técnicos, ambientales y económicos que sustenten la reactivación de la minería metálica, prohibida en el país desde 2017. Álvarez reconoció que dichos estudios aún no existen y que uno de los objetivos de la ley es habilitar al Estado para realizarlos.

Por su parte, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, destacó los errores de gobiernos anteriores al permitir prácticas mineras irresponsables, como en el caso de las minas de San Sebastián en La Unión, cuyo río permanece contaminado. “Jamás apoyaríamos algo que repita esos desastres”, aseguró Guevara, al tiempo que respaldaba la propuesta gubernamental como una oportunidad para hacerlo “de la manera correcta”.

Cambios en la normativa

En el transcurso de la discusión, el proyecto de ley experimentó modificaciones, incluyendo un aumento significativo en las sanciones económicas por incumplimientos: las multas pasaron de 10-100 salarios mínimos a un rango de 100-500 para infracciones graves, y de 501 a 1,000 salarios mínimos para las muy graves. Además, se incorporó la participación de sociedades de economía mixta en ciertas disposiciones.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de tensiones. Ortiz calificó el proceso de aprobación como “exprés” y cuestionó la falta de consulta con expertos y organizaciones ambientalistas. “Esta comisión pasará a la historia como cómplice de decisiones apresuradas y mal fundamentadas”, declaró la diputada.

A pesar de estas críticas, los legisladores de la bancada oficialista dieron luz verde al dictamen, que será sometido a votación en el pleno el 23 de diciembre. Si se aprueba, la Ley General de Minería Metálica entraría en vigor 15 días después de su publicación oficial.

El tiempo dirá si esta nueva normativa marcará el inicio de una era de minería responsable o si, como temen algunos sectores, traerá consigo consecuencias irreversibles para el medio ambiente y la sociedad salvadoreña.