Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—Las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en un estado de incertidumbre ante la proyección de un recorte significativo de plazas para el año 2025. Marvin Reyes, vocero del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, ha alertado sobre la reducción de 4,978 puestos de trabajo, pasando de 40,395 plazas en 2024 a solo 35,417 en 2025. Sin embargo, aún no se ha definido qué áreas o sectores se verán afectados por este ajuste.

Según medios de comunicación nacional, Reyes, en colaboración con la Asociación de Retirados de la PNC, ha señalado que entre 20 y 25 empleados policiales se retiran mensualmente debido a jubilaciones, lo que equivale a aproximadamente 600 personas al año. Este fenómeno podría influir en los recortes, aunque también existe la preocupación de que se despida a personal con enfermedades crónicas o discapacidades, una acción que ha sido calificada como grave e injusta.

Además, el vocero ha criticado el aumento de requisitos para ingresar a la PNC, que ahora exige licencia de conducir, estudios técnicos o universitarios y conocimiento del idioma inglés. Por consiguiente, explicó que estas nuevas condiciones complican aún más el reclutamiento en la institución, mientras que se observa una flexibilidad en los requisitos para el Ejército, lo que aparentemente contradice la Constitución de la República.

En un contexto de cambios, Reyes ha cuestionado la reciente decisión de asignar a agentes de la PNC las tareas de seguridad en las instalaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). “Esta medida, que se implementó tras la decisión del ISSS de no renovar contratos con empresas de seguridad privada, carece de respaldo legal y afecta la misión fundamental de la Policía”, afirmó Reyes.

Fuentes internas han confirmado que las jefaturas de hospitales y unidades médicas han recibido directrices sobre esta transición, que incluyen revisión obligatoria de bolsos y vehículos, el uso de carnet institucional y la prohibición de armas de fuego y alcohol en las instalaciones. Sin embargo, Reyes argumenta que esta decisión podría interpretarse como un intento de relegar a la PNC en favor del Ejército, en contra del mandato constitucional que define a la Policía como garantía de la seguridad pública.

La situación se complica aún más con la inminente reducción de plazas, que podría afectar a alrededor de 4,000 puestos, dejando a la PNC en una posición vulnerable. Reyes ha subrayado la falta de claridad sobre qué sectores se verán impactados y ha llamado a un debate más amplio sobre el cumplimiento de las leyes de seguridad privada y el impacto de las decisiones financieras en las instituciones públicas del país.

Ante la problemática, los mandatarios y funcionarios del gabinete de Estado no se han pronunciado, no obstante, se cree que la reducción de personal se debe a la aparente disminución de violencia registrada en los últimos años.