Sindicato del TSE denuncia despidos masivos y violaciones a derechos laborales

Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (STRATSE) ha denunciado públicamente los despidos masivos de al menos 150 empleados, incluyendo personal técnico, administrativo y operativo. Según el sindicato, estos despidos, ordenados por cuatro de los cinco magistrados del TSE, constituyen una violación a la legislación laboral salvadoreña.

Los trabajadores afectados aseguran que los despidos se están llevando a cabo bajo el pretexto de no renovar los contratos, a pesar de que la ley establece causales específicas para el despido de empleados públicos. El STRATSE ha señalado que esta acción es una represalia por la actividad sindical y una estrategia para debilitar al gremio.

El sindicato ha argumentado que los despidos violan los artículos 52 y 53 de la Ley de Servicio Civil, los cuales establecen que los despidos solo pueden realizarse bajo ciertas circunstancias específicas, como incumplimiento de deberes o condena penal.

Además, han denunciado que la decisión de despedir a miembros de la junta directiva del sindicato contraviene el artículo 47 de la Constitución, que protege los derechos de los sindicalistas.

Los trabajadores del TSE también han denunciado casos de acoso laboral, intimidación y presiones psicológicas para que renuncien a sus puestos. Según una fuente interna, estos actos estarían siendo promovidos por la magistrada presidenta, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, y respaldados por otras tres magistradas.

Ante esta situación, el STRATSE ha solicitado al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en el TSE para verificar que no se estén cometiendo violaciones a los derechos laborales de los empleados. Asimismo, han pedido a los magistrados que revoquen los despidos y garanticen la estabilidad laboral de los trabajadores.

Estos hechos han generado preocupación entre la sociedad civil y los observadores electorales, quienes advierten sobre las posibles consecuencias negativas para la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. La pérdida de personal experimentado y la inestabilidad laboral podrían afectar el funcionamiento del TSE y la transparencia de los procesos electorales.