Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—En una sesión marcada por la controversia, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto que perdona las multas de tránsito impuestas entre el 20 de diciembre de 2024 y el 26 de enero de 2025. Con 56 votos a favor, el gobierno argumenta que esta medida busca ofrecer un “período de adaptación” a los conductores tras la implementación de nuevas regulaciones viales.

El decreto, que será efectivo a partir de su publicación en el Diario Oficial, establece que los conductores que ya hayan pagado sus multas podrán gestionar la devolución de esos montos a través de la Dirección General de Tesorería, que emitirá los lineamientos correspondientes para el proceso.

Sin embargo, la aprobación del decreto no ha estado exenta de críticas. La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, se opuso firmemente a la medida, argumentando que viola el artículo 232 de la Constitución, que prohíbe al Ejecutivo y al Legislativo perdonar deudas con el fisco. “Cuando los ciudadanos pagan las multas de tránsito, ese dinero va al Ministerio de Hacienda. Proceder con esta propuesta es hacer algo inconstitucional”, afirmó Rivas.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, defendió la medida, señalando que “no es un tema de recaudación”, en referencia a la reciente reforma que aumentó la multa máxima de tránsito de $57.14 a $150. La condonación, según el decreto, se aplica a “la totalidad de las multas” impuestas por infracciones a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial durante el período mencionado.

El decreto también aclara que no se perdonan los procedimientos judiciales por delitos como la conducción peligrosa ni los procesos de suspensión de licencia relacionados. Además, los conductores que deseen acogerse a la condonación no necesitarán presentar un escrito de impugnación, y cualquier inconformidad en el trámite será declarada improcedente.

Desde la implementación del sistema de fotomultas, más de 12,000 conductores han pagado infracciones, generando ingresos por aproximadamente $1.2 millones. La controversia en torno a este decreto plantea interrogantes sobre la legalidad de la condonación y su impacto en la recaudación fiscal.

La discusión sobre la constitucionalidad de la medida y su posible impacto en la confianza pública en las instituciones fiscales continúa, mientras el gobierno busca implementar cambios en la regulación del tránsito en el país.