HRW contra reforma de traslado de menores a cárceles para adultos

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La organización Human Rights Watch (HRW), criticó este lunes la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente del país, Nayib Bukele, que implica el traslado de menores a cárceles de adultos, una medida que “vulnera estándares internacionales” y los expone a “mayores riesgos de abuso”.

La medida se aplicaría a los menores de 18 años que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas, según las reformas.

“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros abusos graves”, enfatiza Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la infancia y adolescencia en El Salvador”, agrega.

La medida, establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de El Salvador.

En un informe publicado en julio de 2024, HRW documentó graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.

Más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró el régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas, según denuncia la ONG, que apunta a que las detenciones en muchos casos “parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas”.

En este sentido, algunos agentes de la Policía han denunciado presiones para arrestar a diario a un número determinado de personas, incluidos menores. En febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”, tal y como ha indicado la ONG en un comunicado.

En un gran número de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles o no corroboradas y que coaccionaban a los niños para que se declararan culpables de delitos que ellos decían no haber cometido. “Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, se enfrentan condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, ha defendido Goebertus.

Además, Human Rights Watch afirma que muchos de los encarcelados en El Salvador permanecen completamente incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa. Muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, como alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado.

Según organizaciones locales de defensa de los Derechos Humanos, 368 personas han muerto en las cárceles del país durante el régimen de excepción. Fotos y testimonios identificados apuntan al papel de las autoridades en varias de estas muertes.

Los estándares internacionales sobre justicia juvenil establecen que la detención de niños en conflicto debe aplicarse únicamente como último recurso. Si la detención es inevitable, nunca se les debe recluir en prisiones para adultos debido a las “abundantes pruebas” existentes, que apuntan a que dichas medidas “ponen en peligro su salud y su seguridad básica, así como su capacidad futura para mantenerse al margen de la delincuencia y reintegrarse”, recoge el texto.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte, obligan a los Estados a promover la rehabilitación y la reintegración de los niños que han cometido delitos.

“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, detalla Goebertus.

La nueva ley forma parte de una controvertida guerra contra el crimen organizado dirigida por el presidente Nayib Bukele. Desde 2022, Bukele mantiene un estado de emergencia que suspende algunos derechos constitucionales, ha puesto en marcha juicios masivos y ha construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).