30 personas enfrentan audiencia en San Salvador por corrupción en licencias de conducir

Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—Este día, 30 personas vinculadas a una red de corrupción que operaba en el ámbito de las licencias de conducir enfrentan una Audiencia de Imposición de Medidas ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), revelan que entre 2023 y 2025, estas personas, que incluyen empleados del Viceministerio de Transporte, escuelas de manejo y empresas examinadoras, ofrecían servicios ilegales en los alrededores de SERTRACEN.

Según la FGR, la red se dedicaba a alterar los resultados de pruebas reprobadas a cambio de precios que oscilaban entre los $800 y $1,000 dólares, permitiendo así la obtención rápida de licencias de conducir. Las personas que adquirían estos servicios eludían los exámenes regulados por la ley, y en algunos casos, se trataba de individuos que ni siquiera sabían leer ni escribir.

La FGR ha atribuido a los imputados una serie de delitos, que incluyen: Falsedad ideológica, Cohecho propio, Cohecho activo, Incumplimiento de deberes, Estafa informática, Uso y tenencia de documentos falsos, Falsedad documental agravada vía falsedad ideológica y Agrupaciones ilícitas.

Entre los acusados, se encuentran seis sujetos que están siendo procesados en ausencia, gracias a las reformas del Código Procesal Penal que permiten este tipo de procedimientos.

Este caso pone de manifiesto la gravedad de la corrupción en el sistema de obtención de licencias de conducir en El Salvador y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector. La FGR continúa trabajando para desmantelar redes de corrupción y garantizar que los procesos legales se respeten, asegurando así la integridad del sistema de transporte en el país.

Las autoridades han instado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la obtención de licencias de conducir y a confiar en los procedimientos establecidos por la ley.