CSJ ordena extradición del excoronel Reyes Mena por asesinato de periodistas holandeses

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó iniciar los trámites de extradición del excoronel Mario Reyes Mena, acusado del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado salvadoreño.

De acuerdo con el abogado de la defensa, Pedro Cruz, la CSJ notificó este jueves la decisión de gestionar la extradición de Reyes Mena desde Estados Unidos, donde actualmente reside en el estado de Virginia.

“Una resolución que emiten ayer al Juzgado de Dulce Nombre de María (en Chalatenango) informa que la Corte acaba de enviar un oficio penal, decidiendo darle luz verde a la extradición”, reveló el abogado.

La orden también instruye a la Fiscalía General de la República para que gire el oficio correspondiente a las autoridades estadounidenses con el fin de proceder con la extradición.

Reyes Mena, quien en aquel momento era comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, es señalado junto al excoronel Guillermo García Morán y el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, de haber participado en el asesinato de los periodistas holandeses Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper.

El crimen ocurrió el 17 de marzo de 1982, cuando los reporteros fueron emboscados en Santa Rita, Chalatenango, por soldados del Batallón Atonal, que actuaban bajo el mando de Reyes Mena. Los periodistas se encontraban documentando el impacto de la guerra en El Salvador para la televisora holandesa IKON.

Días antes del ataque, miembros del equipo de IKON habían sido interrogados por la Policía de Hacienda, lo que evidenció un seguimiento de sus actividades. Asimismo, tres días antes de la emboscada, realizaron entrevistas a presos políticos, lo que refuerza la hipótesis de que los asesinatos fueron planificados con el objetivo de silenciar a la prensa.

El caso quedó impune por décadas debido a la Ley de Amnistía de 1993, que protegía a los responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña. No obstante, en 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha ley, permitiendo la reapertura de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Gracias a la perseverancia de las familias de las víctimas y el apoyo de organizaciones como la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), en 2018 se presentó una denuncia formal para reactivar el caso.

En octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María ordenó la captura de cinco exmilitares vinculados a la masacre. Posteriormente, en agosto de 2024, una jueza de Chalatenango ordenó elevar a juicio el proceso penal.

El caso representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad en El Salvador, en un contexto donde crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos han sido ampliamente denunciados a nivel internacional.