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Bukele afirma que no regresará a EEUU a salvadoreño deportado por error

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que podría facilitar la liberación de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos, aunque dejó claro que no tiene intención de enviarlo de regreso a ese país.

“¿Cómo podría yo devolverlo a Estados Unidos? ¿Fui yo quien lo introdujo ilegalmente en ese país?”, cuestionó Bukele en una conferencia de prensa conjunta con el entonces presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, cuando fue consultado sobre el caso.

Abrego fue deportado en marzo, pese a contar desde 2019 con Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida otorgada por un juez estadounidense tras considerar que el salvadoreño corría riesgo de muerte si regresaba a su país, por haber huido de la violencia de pandillas. Posteriormente, las autoridades migratorias de EE.UU. admitieron que su expulsión se debió a un “error administrativo”, pero afirmaron no tener mecanismos legales para facilitar su regreso.

Reunión entre Bukele y Trump en la Casa Blanca.

Bukele reconoció que su gobierno podría liberarlo, pero criticó duramente la posibilidad. “No me gusta mucho liberar a terroristas”, señaló, en referencia a que Abrego se encuentra actualmente detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el mega penal donde su administración mantiene a miles de supuestos pandilleros.

Según el mandatario, Abrego tiene presuntos vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque sus abogados lo niegan categóricamente. “¿Quieren que volvamos a liberar criminales y a ser la capital mundial del asesinato? Eso no va a pasar”, sentenció Bukele, reiterando su compromiso con la política de mano dura contra el crimen.

El caso ha provocado controversia tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Una jueza federal estadounidense, Paula Xinis, ordenó la repatriación de Abrego tras determinar que su deportación violó sus derechos. Sin embargo, la Administración Trump apeló la decisión ante el Tribunal Supremo.

Aunque el Supremo no emitió una orden obligatoria, sí indicó que el gobierno estadounidense debía “facilitar” el regreso del ciudadano salvadoreño. Hasta ahora, esa recomendación no ha sido acatada, y Abrego permanece recluido sin una condena formal en su país de origen.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su preocupación por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación. Esta norma, que data del siglo XVIII, fue diseñada para tiempos de guerra y otorga poderes excepcionales al presidente de EE.UU., lo que según expertos fue una aplicación inapropiada en este caso.

“El caso de Abrego ilustra los peligros de utilizar herramientas legales pensadas para situaciones extremas en contextos migratorios”, advirtió el abogado de derechos humanos Eric Johnson, quien representa a Abrego en EE.UU. “Estamos hablando de una persona que tenía protección judicial, que fue enviada a un país donde su vida corre peligro, y que ahora está encarcelada sin juicio”.

Por su parte, la familia de Abrego ha denunciado que no han tenido contacto con él desde su traslado al CECOT. “Lo sacaron de su casa en Maryland, lo montaron en un avión y no supimos más. Ni siquiera nos permitieron hablar con él por teléfono. Solo supimos que estaba vivo cuando un periodista logró confirmar su ingreso al penal”, según declaraciones recogidas por medios internacionales de su hermana, María Abrego.

El gobierno salvadoreño no ha informado oficialmente sobre los cargos específicos que pesan contra Abrego, más allá de la acusación genérica de pertenecer a estructuras criminales.

Mientras tanto, organismos internacionales como Human Rights Watch han pedido al gobierno salvadoreño que respete el debido proceso. “La lucha contra las pandillas no puede justificar la detención arbitraria ni la negación de derechos básicos”, señalaron en un comunicado.

El futuro de Kilmar Abrego sigue en el aire, atrapado entre errores burocráticos, políticas migratorias inflexibles y un gobierno que se niega a dar marcha atrás.

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