Instalan audiencia inicial contra detenidos durante protesta de cooperativa El Bosque

Redacción : Oscar Cruz 

(ENNews)—Este viernes 30 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial contra el abogado defensor de derechos humanos, Alejandro Henríquez, y el pastor comunitario José Ángel Pérez, en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla. Ambos enfrentan cargos por los supuestos delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, tras ser detenidos el pasado 12 de mayo durante una manifestación en defensa de la tenencia de tierras por parte de la Cooperativa El Bosque, conformada por unas 300 familias.

La audiencia fue conducida por el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, mientras en las afueras del recinto judicial se concentraron miembros de la comunidad, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y familiares de los detenidos para exigir su liberación. Los manifestantes realizaron un plantón pacífico portando pancartas y consignas en las que denunciaban la criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Las organizaciones que acompañan el caso, entre ellas el Foro del Agua y la Asociación de Diferentes Juntas de Agua (Asaguall), sostienen que los cargos presentados por la Fiscalía carecen de fundamento legal y responden a una estrategia sistemática para silenciar a quienes defienden el derecho a la tierra y el acceso a los recursos naturales. Según argumentan, tanto Henríquez como Pérez han sido figuras clave en la defensa legal y espiritual de comunidades históricamente vulneradas.

“El abogado Henríquez es una persona que nos ha ayudado en el asesoramiento jurídico. Es alguien que lucha para que la gente más desposeída conozca las leyes del país. ¿Desde cuándo es delito ayudarle a las comunidades? El agua y la tierra no se venden, se defienden, y él es uno de los nuestros”, expresó Jorge Antonio Díaz, miembro de Asaguall, a un medio local.

La protesta en la que fueron capturados ocurrió en cerca de la residencia del presidente, Nayib Bukele, donde las familias de la cooperativa denunciaban una orden judicial de desalojo que consideran ilegal e injusta. La manifestación fue reprimida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Militar, quienes además de arrestar a Henríquez y Pérez, utilizaron gas pimienta y forcejearon con varios de los manifestantes, según testigos y registros audiovisuales que han sido entregados al tribunal por parte de las organizaciones defensoras.

El Foro del Agua denunció que la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas contundentes que sustenten los delitos imputados, mientras que las organizaciones sociales han entregado abundante material audiovisual y testimonios que, aseguran, demuestran cómo la represión policial fue premeditada y desproporcionada.

Al cierre de esta nota, el juzgado aún no había definido si los detenidos enfrentarán el proceso judicial en libertad o si continuarán en detención preventiva. Sin embargo, las organizaciones pidieron el sobreseimiento inmediato de ambos, calificando su captura como arbitraria y parte de un patrón de persecución hacia defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.

Este caso se suma a una creciente preocupación por la criminalización de la protesta social en El Salvador, particularmente en contextos relacionados con la defensa del territorio, el medio ambiente y los recursos comunitarios. Diversas voces nacionales e internacionales han advertido sobre el uso del aparato judicial y policial para intimidar a quienes se organizan en defensa de sus derechos fundamentales.

En este contexto, la audiencia de Henríquez y Pérez se ha convertido en un símbolo de la lucha por la tierra, el respeto a los derechos civiles y la resistencia ante la represión estatal. Sus organizaciones advierten que no cesarán en las acciones de protesta y acompañamiento hasta lograr su liberación y la garantía plena de sus derechos como defensores del pueblo.