Ministra de Vivienda promete evitar desalojo en comunidad El Bosque

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El pasado miércoles, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y el procurador general de la República, René Escobar, junto a delegados de Casa Presidencial, sostuvieron una reunión clave con habitantes de la Cooperativa El Bosque y caseríos aledaños, en el departamento de La Libertad.

El encuentro se realizó en la zona de la plaza comunitaria y tuvo como objetivo abordar dos temas urgentes: la orden de desalojo programada para el próximo 22 de mayo y la reciente captura de varios líderes comunitarios que se oponían a dicha medida judicial.

De acuerdo con declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica por habitantes presentes en la reunión, los funcionarios se comprometieron a brindar apoyo legal y a garantizar que las familias no sean desalojadas. “Se reunieron con nosotros en la zona de la plaza de la comunidad y nos prometieron que no nos van a desalojar. Además, dijeron que van a poner abogados para conocer el caso, porque hay un litigio y se debe seguir. Dijeron que van a conocer a profundidad el caso”, relató una de las lugareñas consultadas.

Otro de los vecinos confirmó que “llegaron estos funcionarios ayer (miércoles) para conocer de primera mano lo sucedido. Quieren indagar y expusieron que nos quieren ayudar”.

Durante el encuentro, que fue parcialmente documentado en video por la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), la ministra Michelle Sol ofreció palabras de aliento a las familias, asegurando que el Gobierno no permitirá su desalojo y que se trabajará en una solución integral a la problemática territorial.

“Nadie los va a desalojar. Vamos a buscar la solución para que ustedes estén tranquilos y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer el caso, tenemos que indagar, tocar puertas, pero vamos a tener todas las puertas abiertas para que este tema se solucione, cuenten con eso”, declaró la ministra en el video difundido en redes sociales por ARPAS.

Sol también lamentó que se hayan vinculado las capturas de líderes comunitarios con el proceso de desalojo. “Lamentamos que se hayan unido los dos hechos”, dijo, refiriéndose a la detención de seis miembros de la comunidad, entre ellos Cristóbal Toledo, Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano y el vocero del Foro del Agua, Alejandro Henríquez.

Estos ciudadanos fueron arrestados mientras protestaban en las inmediaciones de la residencial donde habita el presidente, Nayib Bukele, contra la orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que resolvió que los habitantes de El Bosque deben abandonar las tierras antes del 22 de mayo, o serán desalojados por la fuerza pública.

Las capturas han sido duramente criticadas por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes denuncian una criminalización de la protesta social. Posteriormente el presidente Bukele se pronunció aseverando que las personas habían sido manipuladas para realizar dicha manifestación.

La resolución judicial se basa en una denuncia de presunta estafa relacionada con la posesión del terreno, sin embargo, la comunidad sostiene que ha habitado el lugar por años y que el conflicto tiene raíces más profundas relacionadas con procesos fallidos de legalización y abandono estatal.

El procurador René Escobar también participó activamente en el encuentro, según informes difundidos por medios y redes sociales, aunque no se han divulgado declaraciones directas de su parte. No obstante, su presencia fue interpretada como un respaldo al compromiso institucional de buscar una vía legal que evite el desalojo forzoso.

El caso de El Bosque ha encendido el debate nacional sobre el acceso a la tierra, el derecho a la vivienda digna y el papel del Estado frente a comunidades históricamente marginadas. Mientras tanto, las familias esperan que el compromiso de las autoridades no se quede en promesas y que se materialice en acciones concretas antes del 22 de mayo, fecha límite impuesta por el juzgado.

La situación continúa siendo monitoreada por organizaciones sociales, medios independientes y defensores de derechos humanos, quienes han pedido al Gobierno salvadoreño actuar con transparencia y justicia en un caso que podría sentar precedentes sobre el derecho a la vivienda en el país.