ANDA mantiene auditorías tras destapar red de estafas internas

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, afirmó que las auditorías internas en la institución continuarán de forma permanente, tras revelarse una red de corrupción que operaba en sus oficinas regionales en Santa Ana, y que ha dejado, hasta el momento, a más de 200 personas afectadas por estafas relacionadas con conexiones ilegales de agua potable.

“Este caso no es un hecho aislado, y por eso las auditorías siguen. Se están revisando todos los procesos y expedientes. No vamos a detener la depuración interna”, declaró Castaneda, quien explicó que fue precisamente una revisión contable lo que destapó las irregularidades. A partir de esos hallazgos, se alertó a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una investigación que culminó con la detención de 13 personas, entre ellos empleados de ANDA y particulares.

El esquema, según el titular de la autónoma, operaba a través de la manipulación de solicitudes de conexión de agua potable: los trámites eran retenidos o rechazados, y luego las víctimas eran contactadas por un intermediario que les ofrecía un “servicio especial”, prometiendo conexiones rápidas y legalizadas, a cambio de pagos irregulares que oscilaban entre los 1,000 y 3,000 dólares.

Sin embargo, los servicios prometidos nunca quedaban registrados de forma legal ni se completaban técnicamente. Muchas de las familias afectadas quedaron sin el servicio, mientras que el dinero desaparecía fuera de las cuentas institucionales.

La FGR presentó el caso el 26 de junio, solicitando al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana la instrucción formal con detención provisional para los implicados. Los procesados enfrentan cargos por cohecho propio, cohecho activo, estafa agravada, fraude de servicios y fluidos, y agrupaciones ilícitas.

Las capturas se realizaron el pasado 13 de junio y los imputados fueron identificados como:

— José Elmer Umaña Ibarra, gerente regional
— Marlon Ernesto Guzmán Mendoza, jefe del Departamento de Operaciones
— Ever Iván Orellana García, encargado de factibilidad
— Mario Ernesto Cristales Hernández, inspector de la Unidad de Nuevos Servicios y Catastro Comercial
— Oscar Armando Linares Rivas, operador de estación de bombeo
— Carlos Mauricio Nolasco Menjívar, colaborador administrativo
— Rosa Idalia Pérez de Barahona, auxiliar de saneamiento
— Yeny Elizabeth Pubil Chamul, colaboradora de atención al cliente
— Eldín Joel Portillo Aguilar, fontanero
— Carlos José Medina Vargas, exjefe de Nuevos Servicios de Occidente
— Y los particulares Abel Ángela Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García Rodríguez

Según el Ministerio Público, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, esta estructura criminal se aprovechó de las gestiones legítimas de los usuarios y convirtió en negocio lo que debería ser un servicio público regulado. Se ofrecían conexiones de agua, instalación de medidores y regularización de tomas antiguas a cambio de dinero, sin que esos pagos ingresaran a las arcas de ANDA.

La mayoría de víctimas son familias de zonas del occidente y oriente del país, quienes en muchos casos recurrieron a préstamos o vendieron bienes para acceder al supuesto servicio “exprés”. Algunas denuncias indican que, pese al pago, ni siquiera hubo una conexión física al sistema.

El presidente de ANDA recalcó que gracias a la denuncia de aproximadamente 200 personas, el caso logró consolidarse. “Lo importante es que la gente denunció. Si alguien más ha sido víctima, que lo diga. Esto no puede seguir pasando”, insistió Castaneda, quien confirmó que hay más auditorías en curso para determinar si existen estructuras similares en otras regiones.

En el proceso judicial, la Fiscalía ha presentado pruebas documentales, testimonios de víctimas, registros de pagos ilegales y documentos falsificados que formaban parte del modus operandi. También se descubrieron planos técnicos alterados y expedientes administrativos manipulados para justificar las gestiones fuera del protocolo oficial.

La audiencia inicial se desarrolló el viernes 27 de junio a las 10:00 de la mañana, donde se ratificó la detención provisional de los imputados mientras continúa la fase de instrucción.

Mientras tanto, ANDA afirma que tomará acciones administrativas contra los empleados involucrados, y que buscará el resarcimiento económico por el daño causado tanto a la institución como a las familias afectadas.

“Vamos a limpiar la casa. Este es un caso que deja una lección clara, quien intente lucrar con los servicios públicos va a enfrentar consecuencias. Las auditorías no paran”, concluyó Castaneda.