Asamblea aprueba Ley de Sostenibilidad Fiscal para acceder a fondos del FMI
Redacción : Oscar Cruz
(ENNews)—La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos a favor y uno en contra, la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una normativa diseñada para limitar el endeudamiento del Estado y garantizar un manejo más transparente de los recursos públicos.
La ley fue aprobada con dispensa de trámite, es decir, sin discusión previa en comisiones legislativas, como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), condición necesaria para concretar un acuerdo financiero con el organismo por un monto estimado de $1,400 millones.
La normativa establece que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones, deberá reducirse progresivamente hasta alcanzar el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045. Para lograrlo, el gobierno se ha comprometido a disminuir el nivel de deuda al 80 % del PIB en 2030 y al 75 % en 2035.
Estos parámetros se aplicarán sobre el SPNF, que abarca al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipalidades, instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras como la CEL, así como al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección de Obras Municipales (DOM), y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).
La ley también establece que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá proporcionar toda la información que el Ministerio de Hacienda solicite, como parte de los mecanismos de control y transparencia exigidos en el marco del acuerdo con el FMI.
El gobierno justificó la necesidad de esta nueva legislación al argumentar que la anterior Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada en 2016, fue suspendida en 2020 debido a la pandemia de covid-19 y otros factores externos como crisis económicas y conflictos internacionales. En los considerandos del nuevo decreto se reconoce que esos elementos impidieron que la normativa previa pudiera retomarse.
El deterioro fiscal ha sido notable en los últimos años. En 2016, la deuda del país (incluyendo pensiones) equivalía al 67.5 % del PIB. Al cierre de 2018, ya había aumentado a 69.5 %. Para finales de 2024, se estima que la deuda ha alcanzado el 87.4 % del PIB, lo que significa que de cada $100 generados por la economía salvadoreña, $87.4 están comprometidos al pago de deuda.
La nueva ley contempla que las metas fiscales podrían suspenderse en escenarios excepcionales, como emergencias nacionales, desastres naturales, crisis económicas o conflictos bélicos que impliquen un impacto fiscal igual o superior al 1 % del PIB. Además, el límite de deuda de largo plazo podrá ser revisado cada 10 años con una justificación presentada ante la Asamblea Legislativa.
Uno de los aspectos clave de la normativa es la obligación del Ministerio de Hacienda de elaborar y publicar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como una programación quinquenal del presupuesto y la deuda del SPNF, que deberá estar disponible en el Portal de Transparencia Fiscal.
A pesar del respaldo mayoritario, la aprobación no estuvo exenta de cuestionamientos. El partido ARENA acompañó la votación, aunque algunos de sus diputados expresaron reservas.
El diputado Francisco Lira votó a favor, pese a mostrar su escepticismo sobre el cumplimiento real de la ley. Por su parte, la diputada Marcela Villatoro también apoyó la normativa, aunque advirtió que los límites de deuda se proyectan para futuros gobiernos y no para el actual. También cuestionó que el artículo 8 permite suspender la ley con solo notificar a la Asamblea, sin requerir una revisión más rigurosa.
Desde la oposición, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, votó en contra y calificó la ley como una medida “que impone un límite de deuda pero representa una medicina amarga para la población”. Rivas expresó su desconfianza en que el gobierno cumpla con las metas propuestas, y señaló que aprobar la ley sin discusión en comisiones fue un error.
En contraste, desde Nuevas Ideas, el jefe de bancada Christian Guevara defendió la ley y sostuvo que se trata de un paso hacia la transparencia fiscal, bajo la supervisión de organismos internacionales.
Con la entrada en vigor de esta normativa, el gobierno salvadoreño da un paso clave para cerrar un acuerdo con el FMI y enviar una señal de compromiso ante los organismos financieros internacionales, aunque el reto de reducir el alto nivel de endeudamiento permanece vigente.
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