Desmantelan red que falsificaba escrituras para vender inmuebles en el occidente del país
Redacción : Oscar Cruz
(ENNews)—La Fiscalía General de la República (FGR) dio un golpe decisivo a la delincuencia patrimonial al ordenar la captura de doce integrantes de una estructura dedicada a falsificar escrituras y otros documentos para vender propiedades que no les pertenecían o solicitarlas como garantía de préstamos en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
El operativo, ejecutado durante la madrugada de este jueves, incluyó allanamientos simultáneos en varias comunidades y permitió incautar US$4,110 en efectivo y un voluminoso archivo con sellos, timbres y protocolos notariales apócrifos, evidencia clave para robustecer la acusación fiscal.
La investigación revela que la red comenzó a operar en 2020 bajo una clara estratificación de roles, dos cabecillas dirigían las maniobras, uno se encargaba de reclutar víctimas, en su mayoría adultos mayores propietarios de casas o lotes mediante engaños bien estudiados, mientras el otro coordinaba la confección de los expedientes falsos aprovechando su conocimiento jurídico.
Además, diez colaboradores completaban el esquema, unos se presentaban como “gestores” ante notarios e instituciones públicas, otros fungían como supuestos compradores o intermediarios financieros, y los restantes facilitaban la venta o pignoración de los inmuebles.
La maquinaria delictiva funcionaba con precisión, primero, los cabecillas ubicaban inmuebles, ya fuera deshabitados, en sucesión o con dueños residentes en el exterior, luego contactaban a los propietarios o apoderados, exponiendo historias de urgencia económica o de “compradores de contado” interesados en cerrar la negociación con rapidez.
Una vez obtenida la documentación original (o copias), el ala jurídica de la banda alteraba las escrituras, cambiaba nombres, plantas catastrales y folios reales, o bien insertaba falsas cancelaciones de hipoteca para ofrecer las casas libres de gravamen. Por último, los intermediarios formalizaban la venta o presentaban las escrituras adulteradas en bancos y cooperativas para tramitar préstamos que nunca pagarían.
La Fiscalía documenta al menos diecisiete víctimas directas, una de ellas fue despojada de más de US$60,000 cuando creyó vender un terreno rural que, sin saberlo, la estructura ya había ofrecido paralelamente a otra persona. En otro caso, los imputados alegaron que un familiar padecía una enfermedad terminal y “necesitaban urgentemente” vender un lote por US$10,000; la víctima entregó el dinero en efectivo y recibió un título de propiedad que resultó ser un montaje casi idéntico al original. Ese patrón de mentiras, enfermedades, deudas médicas o emergencias familiares, se repitió con variaciones mínimas a lo largo de cuatro años.
Los capturados fueron identificados como Alan Antonio Bolaños Morán, señalado como principal organizador, Ivania Yamileth de León Chachagua, Marina del Carmen Méndez Menjívar, Carlos Enrique Tobar, Bessy Carina Godínez Rodríguez, Luis Alonso Crespín Orantes, Dora Alicia Toledo Chue, José Ángel Castro Amaya, Julio César Rivas García y José Manuel Rivas Méndez. Otras ocho personas que ya guardaban prisión por hechos similares serán notificadas de los nuevos cargos.
Las diligencias de captura incluyeron registros en bufetes y viviendas donde hallaron impresoras láser de alta resolución, sellos metálicos, timbres fiscales y tampones con membretes oficiales.
El Ministerio Público imputará a los detenidos los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental agravada, estafa agravada, cohecho propio, ejercicio ilegal de la profesión y agrupaciones ilícitas. De ser hallados culpables, las penas podrían superar los quince años de cárcel por cada ilícito, además de la responsabilidad civil para resarcir a las víctimas.
El caso pasará en las próximas horas al Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana, que decidirá si decreta detención provisional durante la fase de instrucción.
Casos de estafa de empleados de ANDA
La ofensiva fiscal contra la corrupción no se quedó ahí, en la misma sede judicial, la FGR presentó el miércoles una solicitud de imposición de medidas contra trece empleados y particulares, acusadas de integrar una red de sobornos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de Santa Ana.
Según la acusación, entre marzo de 2024 y febrero de 2025 los implicados cobraban entre US$1,000 y US$3,000 por agilizar trámites ordinarios como la conexión de agua potable, la instalación de medidores o la legalización de sistemas antiguos. Se estima que más de 200 usuarios fueron afectados; en varios expedientes el servicio prometido jamás se concretó.
Entre los procesados figuran el gerente regional de ANDA, José Elmer Umaña Ibarra; el jefe de Operaciones, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza; el encargado de Factibilidad, Ever Iván Orellana García; y el inspector de Nuevos Servicios, Mario Ernesto Cristales Hernández, así como particulares que actuaban de enlace con las víctimas. La audiencia inicial quedó programada para el viernes 27 de junio a las 10:00 a. m. también ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Con estos dos operativos, el Ministerio Público envía una señal de tolerancia cero contra las estructuras que lucran con la necesidad de vivienda y servicios básicos de la población. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a verificar en los Registros de la Propiedad la autenticidad de los títulos antes de cualquier compraventa, y a denunciar solicitudes de pagos extraordinarios por gestiones de agua potable que, por ley, son económicas o gratuitas.
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