Diputada Claudia Ortiz presenta proyecto de ley para crear megaescuelas

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley especial del sistema de megaescuelas y servicios complementarios a la educación pública”, una ambiciosa propuesta con la que busca transformar la educación pública mediante la construcción de grandes complejos escolares que concentren los niveles inicial, básico y medio, y que garanticen servicios integrales como transporte gratuito, alimentación subsidiada y formación extracurricular en jornadas extendidas.

Acompañada de madres, padres y estudiantes, Ortiz llegó al Salón Azul para respaldar una iniciativa que comenzó a construirse desde marzo, cuando el partido lanzó una versión inicial que luego fue sometida a un proceso de consulta ciudadana. Entre abril y junio se llevaron a cabo talleres con comunidades rurales y urbanas para afinar los detalles de la propuesta.

“El proyecto que presentamos hoy recoge la voz de muchos sectores, especialmente de familias que enfrentan cada día las barreras del sistema educativo público actual: escuelas en mal estado, caminos intransitables, cuotas informales y carencias básicas”, explicó Ortiz.

La diputada detalló que el nuevo modelo se centra en la creación de megaescuelas, definidas como complejos educativos públicos que integran todos los niveles de enseñanza en una sola infraestructura moderna y equipada. Cada una estaría valorada en, al menos, 12 millones de dólares. Estas instalaciones contarían con aulas, laboratorios, bibliotecas, espacios deportivos, enfermería, comedor escolar, residencias docentes y servicios básicos como agua, energía, conectividad y seguridad especializada.

Uno de los ejes centrales es la gratuidad del transporte escolar, que según la legisladora facilitaría el acceso de niños y niñas que viven en zonas alejadas de los centros de estudio. Las rutas estarían a cargo del Estado y garantizarían traslados seguros y regulares hacia y desde las megaescuelas.

Otro componente es el programa de alimentación escolar subsidiada. Ortiz explicó que este se diseñaría con base en un estudio socioeconómico de las familias beneficiadas. “Buscamos un modelo más sostenible. Las familias con mayores necesidades recibirán alimentación completa; quienes tengan mayor capacidad de aporte, contribuirán simbólicamente”, detalló.

La iniciativa también prevé actividades extracurriculares dentro de una jornada extendida. Entre las áreas que se incluirían están:

• Deportes y educación cívica.
• Artes plásticas, música, danza y teatro.
• Idiomas extranjeros.
• Informática, programación y robótica.
• Comunicación, fotografía y edición audiovisual.
• Clubes de ecología y emprendedurismo.
• Programas de voluntariado y servicio comunitario.

Durante las consultas también se planteó la necesidad de mejorar los salarios docentes y asegurar la atención a estudiantes con discapacidad. Aunque el componente salarial no fue incluido en el articulado final (por estar contenido en otras propuestas), sí se incorporaron lineamientos sobre accesibilidad y apoyo especializado en cada centro.

La iniciativa exige además que el Ministerio de Obras Públicas coordine mejoras en la red vial que conectará cada megaescuela con las comunidades, para evitar que el transporte escolar quede aislado por el mal estado de los caminos, sobre todo en temporada de lluvias.

En cuanto al financiamiento, se propone la creación de un fideicomiso que reúna fondos del presupuesto nacional, cooperación internacional y, si es necesario, la emisión de deuda. La primera fase contempla la construcción de al menos diez complejos educativos en los departamentos con mayores índices de pobreza y abandono escolar.

Ortiz advirtió que la propuesta no debe convertirse en “un botín político ni en elefantes blancos”, e instó a la comisión de educación de la Asamblea a discutirla con apertura y con la participación activa de los sectores consultados.

De aprobarse la ley antes de finalizar el año, el Ministerio de Educación deberá presentar en un plazo de 90 días un plan maestro para su implementación, lo que marcaría el inicio de una de las reformas más estructurales al sistema educativo salvadoreño en décadas.