Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

Redacción : Oscar Cruz 

(ENNews)—Este jueves, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó una condena de 10 años de prisión contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por su responsabilidad en negociaciones ilícitas y el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública durante su administración entre 2021 y 2024.

La resolución judicial determinó que Montano actuó de manera ilegal y arbitraria al manejar fondos municipales, favoreciendo gastos en eventos festivos y contrataciones innecesarias, mientras desatendía obligaciones laborales clave como el pago de salarios, bonos y prestaciones sociales a los empleados municipales.

La exfuncionaria fue condenada a cuatro años de prisión por negociaciones ilícitas y seis años más por incumplimiento de deberes, penas que deberá cumplir en un centro penitenciario del país. Esta sentencia se da tras un proceso penal que se extendió por más de un año y que incluyó testimonios de exempleados, peritos financieros, miembros del concejo municipal y sindicalistas que denunciaron los impagos desde 2022.

El caso se remonta a finales de 2022, cuando trabajadores municipales de Soyapango comenzaron a denunciar públicamente la falta de pago de sus salarios y demás beneficios laborales. La situación derivó en protestas y bloqueos en la sede municipal, lo que obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación formal; Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023 tras una orden judicial girada por el Ministerio Público.

Durante la investigación, la Fiscalía determinó que la exalcaldesa incurrió en malversación de fondos, al redirigir recursos públicos por un monto que asciende a $282,621.52, desviando ese dinero de su destino original (servicios municipales y compromisos laborales) para cubrir celebraciones, contrataciones sin justificación y otros gastos innecesarios.

Un punto clave en el juicio fue la declaración de un exconcejal de la comuna, quien aseguró que Montano tomó decisiones financieras sin respaldo del concejo y que incluso omitía deliberaciones para justificar contrataciones o desembolsos irregulares. Esto reforzó la tesis de la FGR sobre su actuar autoritario y discrecional al frente de la comuna.

Otras personas implicadas

El proceso también involucró a otros exempleados y asesores de confianza de Montano, entre ellos, el abogado Ricardo Arturo Roque Baires, quien fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por uso y tenencia de documentos falsos y actos arbitrarios, aunque su pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Se comprobó que Baires asesoraba al concejo y recibía beneficios personales a cambio de favores jurídicos, incluyendo su nombramiento como jefe de transporte y la adjudicación ilegal de un proyecto.

Además, fueron procesados en calidad de ausentes Ruth Raquel Aguilar de Montano, Francisco Antonio Henríquez Molina y Salvador Orlando Montano Méndez, todos exfuncionarios de áreas administrativas clave. Sin embargo, el tribunal decidió absolverlos, al considerar que no tenían competencia directa sobre las decisiones financieras que derivaron en el desfalco.

Durante la lectura del fallo, el tribunal cuestionó severamente a la FGR por la limitada profundidad de la investigación. Los jueces señalaron que muchos de los gastos y decisiones señaladas como irregulares fueron aprobados por el concejo municipal, por lo que resultaba inexplicable que no se presentaran cargos contra otros miembros de dicho órgano colegiado.

“El tribunal desconoce por qué la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal”, expresó la presidenta del tribunal durante su exposición. También agregó que “la investigación se quedó corta”, lo que pudo haber limitado el alcance de la justicia en este caso.

Además de la condena penal, Montano enfrentará un proceso civil en abstracto, en el que se determinará el monto exacto a resarcir al Estado como parte del daño patrimonial causado. La defensa de la exalcaldesa ya anunció que apelará el fallo ante una instancia superior, mientras que la FGR evalúa la posibilidad de acudir a casación para revertir algunas de las absoluciones.

Este caso marca un precedente significativo en El Salvador, al tratarse de una funcionaria de alto nivel que deberá cumplir prisión por delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos y el abandono de responsabilidades institucionales. Para muchos trabajadores municipales afectados, la sentencia representa una forma de reparación moral, aunque el daño económico aún está por resolverse.