FGR demanda por enriquecimiento ilícito a exdiputada Silvia Ostorga y a su familia

Redacción: Oscar Cruz

(ENNews)–La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA, así como contra su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.

Según la FGR, el caso involucra presuntas irregularidades financieras que superan los 4.8 millones de dólares.

Según detalló la FGR en un comunicado oficial, la demanda se deriva de una investigación iniciada tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual identificó indicios de enriquecimiento ilícito durante los períodos en los que Ostorga ejerció como diputada propietaria: 2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021. La exfuncionaria representó al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante tres legislaturas consecutivas.

La Fiscalía ha identificado al menos 40 irregularidades financieras atribuidas directamente a Silvia Ostorga, estas anomalías incluyen depósitos bancarios no justificados en cuentas de ahorro y corrientes, adquisición de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales que no pudieron ser respaldados con ingresos legítimos. El monto total de estas operaciones asciende a $4,287,490.91 dólares.

En cuanto a su cónyuge, Marco Tulio Escobar Méndez, el Ministerio Público reporta 25 irregularidades adicionales por un monto de $520,465.96 dólares. Estas también abarcan depósitos en cuentas bancarias, adquisición de automotores y bienes inmuebles, así como pagos de deudas financieras y uso de tarjetas de crédito, sin que exista justificación comprobable de los fondos utilizados.

La hija del matrimonio, Katherine Tatiana Escobar Ostorga, también ha sido incluida en la demanda por una operación irregular identificada como un depósito bancario de $2,000 dólares cuyo origen no ha sido esclarecido por la familia.

En conjunto, la Fiscalía reclama un monto total de $4,809,956.87 dólares, dinero que según las autoridades, provendría de fuentes ilícitas o no comprobadas durante el ejercicio de funciones públicas de Silvia Ostorga.
L
a demanda no solo busca la devolución íntegra de ese monto al Estado salvadoreño, sino también la inhabilitación de la exdiputada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años, tal como lo establece la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El caso subraya nuevamente la vigilancia que el Ministerio Público asegura estar ejerciendo sobre exfuncionarios de diversos partidos políticos que manejaron recursos públicos. En este sentido, la Fiscalía enfatizó que las investigaciones patrimoniales no se limitan a la persona que ostenta el cargo público, sino también a sus familiares directos, en la medida en que existan indicios de que estos también pudieron beneficiarse de posibles actos de corrupción.

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro será la encargada de analizar la demanda interpuesta y decidir si existen méritos para iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilícito, en el que los demandados deberán justificar el origen lícito de sus bienes y movimientos financieros.

El caso de Silvia Ostorga se suma a una serie de acciones legales que en los últimos años ha emprendido la Fiscalía salvadoreña contra exfuncionarios de distintas administraciones, como parte de los esfuerzos por combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas en la administración pública.

Hasta el momento, ni Ostorga ni su familia se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra.