Kilmar Ábrego se declara no culpable de tráfico de personas en corte de Tennessee

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—Kilmar Ábrego García, un salvadoreño erróneamente deportado a El Salvador y posteriormente repatriado por orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, se declaró no culpable de cargos federales relacionados con tráfico humano y conspiración, en una audiencia celebrada este viernes ante la jueza magistrada Barbara Holmes en una corte federal del estado de Tennessee.

Durante la comparecencia, su equipo legal afirmó que el acusado comprendía plenamente los cargos formulados en su contra y que se había revisado exhaustivamente la acusación formal.

Este caso ha adquirido una relevancia al situarse en el centro del debate sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien actualmente impulsa una línea dura en materia de inmigración, caracterizada por una aplicación estricta de las normas y una ampliación de las capacidades de detención y deportación. La situación de Ábrego García se ha convertido en un emblema de los desafíos que enfrentan los inmigrantes en un sistema que, según sus detractores, a menudo actúa sin las debidas garantías procesales.

De acuerdo con documentos judiciales, los cargos contra Ábrego García se derivan de un control vehicular realizado en 2022, en el cual las autoridades alegan que participaba en una red que facilitaba el traslado de migrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense. El Departamento de Justicia formalizó los cargos el 21 de mayo, aunque persisten dudas sobre la transparencia y el momento en que se convocó al gran jurado para formalizar la acusación.

La defensa ha cuestionado abiertamente la integridad del proceso, comenzando con la deportación de su cliente a El Salvador en marzo, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía específicamente su traslado a dicho país. Esa decisión judicial reconocía que Ábrego enfrentaría riesgos significativos si era enviado de regreso a su lugar de origen. La deportación provocó una demanda constitucional interpuesta por la familia del acusado contra el gobierno federal, argumentando graves violaciones al debido proceso. Esta demanda derivó en la intervención de la Corte Suprema, que ordenó su retorno a Estados Unidos, hecho que se materializó recientemente.

Una de las controversias más delicadas del caso gira en torno a las acusaciones de que Ábrego García estaría vinculado con la pandilla MS-13. Esta imputación, basada en los testimonios de un informante confidencial, ha sido firmemente rechazada por la defensa, que argumenta que tales afirmaciones carecen de sustento y se apoyan en suposiciones infundadas. Los abogados del acusado destacan que su cliente nunca ha residido en el estado de Nueva York, donde presuntamente operaría la célula de la pandilla mencionada, y que no existen pruebas documentales ni testimoniales sólidos que lo vinculen con actividades delictivas organizadas.

Durante la audiencia, los representantes legales del migrante solicitaron su liberación mientras se desarrolla el juicio, alegando que no representa un riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad. En palabras de la defensa, “lo único que solicita el señor Ábrego García es aquello que se le ha negado durante meses: el debido proceso”. Sin embargo, la fiscalía se opone a su liberación, argumentando que la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de evasión justifican su detención preventiva.

El caso de Ábrego García ha puesto en tela de juicio las prácticas migratorias del actual gobierno y la eficacia del sistema judicial en proteger los derechos de los migrantes en situación irregular. Fox News ha señalado que la controversia ha sido utilizada tanto por detractores como por simpatizantes de las políticas del presidente Trump para ilustrar las fallas —o los aciertos— del actual modelo de control migratorio.

Más allá del destino judicial de Kilmar Ábrego García, su caso podría marcar un hito en la forma en que se manejan las deportaciones erróneas, especialmente cuando entran en conflicto con fallos judiciales previos y derechos constitucionales. El tribunal aún debe decidir si le concederá la libertad bajo fianza, pero por el momento, el migrante permanecerá bajo custodia federal mientras se define el calendario judicial del juicio que podría tener repercusiones tanto legales como políticas a nivel nacional.