Proponen ampliar ley para registrar a víctimas y familiares de El Mozote

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Asamblea Legislativa analiza una reforma clave para garantizar los derechos de las víctimas y familiares afectados por la masacre de El Mozote y comunidades aledañas, ocurrida en diciembre de 1981 durante el conflicto armado interno. La Comisión de Salvadoreños en el Exterior ha emitido por unanimidad un dictamen favorable para reformar la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, con el fin de extender su vigencia y mejorar su aplicación.

Esta ley ha sido instrumental en el proceso de incorporación de víctimas al Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV), requisito fundamental para acceder a las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El registro también permite establecer de forma legal la filiación, el estado familiar y las defunciones de quienes fueron asesinados durante la masacre, facilitando así el reconocimiento de sus derechos y reparaciones.

El decreto vigente, aprobado originalmente el 27 de julio de 2022 con una duración de tres años, está próximo a vencer. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MGDT) han solicitado a la Asamblea Legislativa una extensión del plazo, argumentando que el proceso aún no ha finalizado debido a diversos factores de complejidad social, geográfica y cultural.

El coordinador del RUV, Andrés Amador, explicó ante la comisión que, si bien el trabajo ha sido constante, la seriedad del proceso exige más tiempo. “La seriedad y el compromiso es lo que nos ha hecho solicitar más tiempo para poder terminar lo que empezamos con éxito, es decir el registro”, aseguró.

Amador detalló tres razones por las cuales se ha requerido ampliar la vigencia de la ley. En primer lugar, mencionó las dificultades relacionadas con la comprobación genealógica de las víctimas, ya que en algunos casos se han detectado duplicidades o datos imprecisos. En segundo lugar, destacó que el acceso a los lugares afectados ha sido históricamente limitado, pero recientemente se ha logrado llegar con mayor facilidad, lo que permite avanzar con el trabajo pendiente. Finalmente, subrayó que la idiosincrasia de los pobladores, marcada por el trauma y el temor, también ha ralentizado el proceso de recopilación de información.

La reforma contempla la incorporación de un nuevo artículo, el 27-A, que permitirá hacer públicas las diligencias derivadas del decreto a través del Diario Oficial, y no únicamente en medios impresos de circulación nacional. El segundo componente de la reforma establece la prórroga de la vigencia de la ley hasta el 27 de julio de 2025.

Además del Ministerio de Gobernación, otras instituciones han acompañado este esfuerzo, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, entre otras organizaciones comprometidas con la memoria histórica y la reparación a las víctimas.

La masacre de El Mozote: un crimen de lesa humanidad

La masacre de El Mozote y sus alrededores fue perpetrada por el Batallón Atlácatl, unidad de élite del ejército salvadoreño, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. En el marco del operativo militar denominado “Operación Rescate”, los soldados ingresaron al caserío El Mozote en busca de supuestos colaboradores de la guerrilla.

El 10 de diciembre, los militares obligaron a los habitantes del caserío a salir de sus viviendas y los concentraron en la plaza central. En la madrugada del 11 de diciembre, iniciaron los interrogatorios bajo tortura, y posteriormente ejecutaron a decenas de hombres, mujeres y niños. Ese mismo día, más de 20 personas fueron asesinadas en el cantón La Joya. El 12 de diciembre, la violencia continuó con la ejecución de unas 30 personas en La Ranchería, y el día siguiente, se registraron asesinatos en Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Pando.

Informes de organismos nacionales e internacionales estiman que cerca de mil personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas, convirtiendo esta masacre en una de las más graves atrocidades ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño.

La posible ampliación de la ley representa un paso más en la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas, sus familias y la memoria histórica del país.