Trump gana respaldo del Supremo para restringir la ciudadanía por nacimiento

Redacción : Oscar Cruz 

(ENNews)—La Corte Suprema de Estados Unidos ha abierto el camino para que el presidente Donald Trump implemente una de las medidas más controvertidas de su agenda, el cual busca limitar la ciudadanía por nacimiento.

La decisión del alto tribunal no entra al fondo del decreto, pero debilita los principales obstáculos judiciales que lo mantenían suspendido a nivel nacional, favoreciendo al Ejecutivo en su objetivo de redefinir quién tiene derecho a ser estadounidense desde el momento de nacer.

La orden ejecutiva, firmada por Trump a inicios de su segundo mandato, establece que los hijos de inmigrantes indocumentados o con permisos temporales ya no obtendrán automáticamente la nacionalidad estadounidense, aunque hayan nacido en territorio nacional.

Esta medida representa un cambio profundo frente a lo establecido en la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Trump ha argumentado que esta interpretación de la Constitución ha sido “abusada” por décadas y que el derecho de ciudadanía por nacimiento es una “estafa heredada de la era esclavista”, utilizada para facilitar lo que él llama “turismo de partos”.

En cifras, la nueva política afectaría a unos 255,000 bebés cada año, de acuerdo con estimaciones de organismos especializados en migración, generando consecuencias legales, sociales y diplomáticas de gran alcance.

El fallo del Supremo no valida ni anula la orden en sí, pero limita la capacidad de los jueces federales para bloquearla de manera generalizada, lo que reduce el margen de acción de los tribunales que habían suspendido su aplicación a nivel nacional.

Con seis votos a favor de la mayoría conservadora y tres en contra por parte del bloque liberal, la Corte determinó que los jueces de distrito no tienen autoridad para emitir “injunctions” universales, es decir, medidas cautelares que frenen una política presidencial en todo el país.

En este caso, tres tribunales federales (ubicados en Maryland, Washington y Massachusetts) habían emitido fallos independientes que paralizaban la orden de Trump bajo el argumento de que ningún presidente puede reinterpretar unilateralmente la Constitución.

La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que los tribunales federales “no son órganos de supervisión general sobre el poder ejecutivo” y que solo pueden intervenir en casos específicos, según los límites que les ha otorgado el Congreso.

Barrett enfatizó que incluso si un tribunal considera que una orden es ilegal, no puede excederse a su vez en sus funciones para corregirla, una doctrina que, de consolidarse, reducirá el alcance tradicional del poder judicial en la política estadounidense.

La aplicación de la orden ejecutiva sigue pausada por 30 días, periodo concedido por la Corte para que los demandantes evalúen nuevas rutas legales, incluyendo demandas colectivas que puedan tener más viabilidad ante la nueva doctrina impuesta por el fallo.

Desde el bloque liberal, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó duramente el fallo y acusó a sus colegas conservadores de abdicar de su deber constitucional, calificó la orden de Trump como “una mofa solemne” a los principios de igualdad que fundamentan la Enmienda 14.

Sotomayor advirtió que esta decisión no solo afecta a una política específica, sino que sienta un precedente peligroso sobre los límites del poder judicial y su capacidad para frenar iniciativas que pueden rozar o incluso violar la Constitución.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles ya anticiparon que el fallo desencadenará una oleada de nuevas demandas individuales y advertencias sobre los riesgos de crear miles de casos de apatridia, especialmente entre comunidades vulnerables.

Algunos expertos apuntan que negar la ciudadanía por nacimiento no solo contradice la historia constitucional de Estados Unidos, sino que podría poner al país en violación de tratados internacionales sobre infancia y derechos humanos.

Varios estados, como California, Nueva York e Illinois, se preparan para responder en sus propias jurisdicciones, aunque ya no podrán recurrir a bloqueos nacionales, lo que dará lugar a un mosaico legal donde las reglas dependerán del estado donde nazca un niño.

La fiscal general, Pam Bondi, celebró el fallo como una victoria que pondrá fin a “la oleada interminable de obstáculos judiciales contra las políticas del presidente Trump”, y aseguró que el Departamento de Justicia está listo para ejecutar la orden en cuanto venza la moratoria.

Trump, por su parte, ha dejado claro que reactivará sin demora todas las órdenes migratorias que habían sido frenadas, y que este respaldo del Supremo le da luz verde para seguir ejecutando su agenda migratoria sin “interferencia judicial ilegítima”.

La decisión no cierra el debate, pero cambia las reglas del juego. A menos de medio año de las elecciones, la ciudadanía por nacimiento, un principio que parecía intocable, se convierte en el nuevo epicentro de la lucha política y judicial en Estados Unidos.