FGR ejecuta segunda fase del caso ARGOZ con 15 nuevas capturas

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó esta madrugada la segunda fase del operativo contra la estructura de la Corporación ARGOZ S.A. de C.V., que habría cometido un fraude masivo mediante la venta ilegal de terrenos en diferentes zonas del país.

Durante esta etapa, las autoridades giraron y ejecutaron 15 órdenes de captura contra miembros vinculados a la red.

Las investigaciones fiscales revelan que esta organización habría defraudado a ciudadanos salvadoreños por un monto superior a los $46,271,000.49, mediante un esquema de comercialización irregular de lotes que no contaban con permisos legales ni estaban debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Los implicados utilizaban un modelo de negocio basado en la firma de contratos de arrendamiento con promesa de venta, a nombre de distintas sociedades.

A los compradores se les entregaban cartas de cancelación y, en algunos casos, escrituras. Sin embargo, estas no tenían validez jurídica, ya que los terrenos no estaban debidamente legalizados ni contaban con el aval de las instituciones correspondientes.

Para evitar ser detectados, los miembros de la estructura crearon múltiples sociedades anónimas, la marca ARGOZ se utilizó como fachada para operar durante años al margen de la ley. Con ello, lograron captar fondos de personas que buscaban adquirir un terreno propio, sin saber que estaban siendo víctimas de una estafa.

La Fiscalía sostiene que el dinero entregado por los compradores fue movilizado en el sistema financiero salvadoreño mediante mecanismos opacos y, en muchos casos, fue desviado para fines personales de los implicados. Los montos, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para el beneficio de los detenidos y de sus familiares.

En esta segunda fase fueron capturados, entre otros, Balmoris Escalante García, identificado como auditor y contador de varias de las sociedades involucradas; Reina Marina Cardona de Escalante; Natalia Gómez Farfán; Berta Coralia Ramírez Ponce; y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.

En la vivienda de otra de las imputadas, Virginia Estela Argueta de López, las autoridades encontraron $19,600 en efectivo. Además, en la casa de Leticia Farfán de Gómez (detenida en la primera fase) fueron incautados otros $14,820.

El caso tiene su origen en denuncias recibidas desde 2023, cuando decenas de familias alertaron que, pese a haber cancelado completamente sus terrenos, nunca recibieron las escrituras prometidas. La primera etapa del proceso incluyó la detención de varios exdirectivos y empleados de ARGOZ, y la apertura de una investigación formal por estafa agravada.

Recientemente, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que ocho exdirectivos de ARGOZ continúen en prisión preventiva tras la presentación de una cuarta acusación por parte de la FGR, esta vez en perjuicio de otras 18 víctimas que fueron defraudadas con un monto adicional de $67,687.

El total acumulado, hasta el momento, suma 122 personas afectadas y más de $429,000 estafados.

La modalidad detectada fue reiterativa; lotes ofertados en cantones rurales sin permisos de urbanización, vendidos bajo la promesa de escrituración inmediata, algo que nunca se cumplió. Uno de los proyectos identificados en este nuevo proceso fue la lotificación “Santa Cecilia”, ubicada en el cantón Los Zacatillos del distrito de San Juan Nonualco.

Los acusados enfrentan cargos por estafa agravada y otros delitos relacionados con la actividad fraudulenta.

Entre los implicados en esta etapa también figuran Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez y Edwin Omar Rivera López. Asimismo, se han girado instrucciones formales de captura contra otros miembros ausentes como José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda.

En paralelo al trabajo fiscal, el Ministerio de Vivienda ha iniciado procesos para brindar seguridad jurídica a los verdaderos compradores. A la fecha, la institución reporta la legalización de 65,901 lotes, lo que ha permitido recuperar más de $659 millones en valor económico para las familias afectadas.

La FGR afirma que la estructura original ya no tiene control sobre la administración actual de ARGOZ y que las operaciones de regularización están siendo conducidas bajo estricta vigilancia legal, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar futuras irregularidades.