Nueva ley castiga abusos en venta de combustibles y gas con multas de hasta $100,000

Redacción: Oscar Cruz

(ENNews)–La Asamblea Legislativa ratificó una normativa de carácter transitorio que refuerza la vigilancia estatal sobre toda la cadena de depósito, transporte y distribución de derivados del petróleo, con la intención de blindar el bolsillo de los salvadoreños.

La “Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos Derivados del Petróleo” fue aprobada con 57 votos y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

El decreto surge como respuesta inmediata a la inestabilidad de los precios internacionales provocada por el conflicto bélico entre Israel e Irán, panorama que el Ejecutivo considera un riesgo directo para la economía familiar y que justifica la imposición de controles extraordinarios.

La norma cubre a toda persona natural o jurídica cuya actividad se relacione con el depósito, transporte o distribución de combustibles, lubricantes y Gas Licuado de Petróleo (GLP). El universo regulado coincide con el artículo 17, letra r) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, con lo cual se evitan vacíos de interpretación y se garantiza una aplicación inmediata.

Entre sus obligaciones primordiales, el sector deberá cumplir los reglamentos técnicos centroamericanos y salvadoreños, mantener la calidad y cantidad declaradas, y respetar los precios máximos de venta del GLP doméstico fijados por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

La ley exige que toda instalación comercial facilite, en un lapso de quince minutos, la inspección de delegados de la DGEHM. Durante esas verificaciones, el personal podrá extraer muestras, practicar ensayos de laboratorio, revisar pesos y medidas, y examinar documentación contable o logística necesaria para corroborar la legalidad de la operación.

La misma obligación alcanza la detención temporal de vehículos cisterna o camiones distribuidores mientras dure la inspección, así como la paralización de plantas envasadoras de GLP si se detecta un riesgo o posible infracción. El mandato es de acatamiento inmediato y no admite excepciones.

Las multas oscilan de $500 a $10,000 cuando se trata de faltas consideradas leves, como impedir una inspección o alterar precios tope del GLP. Para conductas más graves (entre ellas falsear la cantidad en cilindros, manipular instrumentos de medición o reincidir en cobros indebidos) las penalizaciones suben de $10,001 a $100,000.

La normativa fija un castigo especial a quienes trasladen al consumidor los recargos del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) y la Contribución al Transporte (COTRANS). Ambos conceptos, equivalentes a $0.16 y $0.10 por galón respectivamente, fueron reinstalados en septiembre de 2022, pero su cobro directo hoy se proscribe bajo amenaza de multa máxima.

Más allá de las sanciones administrativas, la ley advierte que toda acción u omisión tipificada como “incumplimiento” puede derivar en responsabilidad penal conforme a los delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección al consumidor contemplados en el Código Penal.

La vigencia transitoria retoma el espíritu del Decreto 311, emitido el 13 de marzo de 2022, que inauguró este régimen sancionatorio para amortiguar los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde entonces, la Asamblea encadenó prórrogas sucesivas; la última expiró el 30 de junio de 2025 y dejó un vacío de tres días que el nuevo instrumento subsana.

Con este paquete, el oficialismo afirma que afianza la protección al consumidor y responde al imperativo constitucional de promover el desarrollo económico con uso racional de recursos. Al mismo tiempo, consolida un marco de fiscalización que, según Hacienda, permitirá recopilar evidencia para futuras reformas estructurales al mercado energético.

La oposición respaldó el objetivo pero reclamó mayor transparencia en los criterios de inspección y la publicación periódica de resultados, para evitar que el instrumento se convierta en una herramienta de presión política sobre competidores.

En paralelo, las gremiales de estaciones de servicio piden mesas técnicas que agilicen trámites y certidumbres sobre el pago oportuno de subsidios. Por su parte, asociaciones de consumidores celebran la continuidad del control estatal y demandan auditorías mensuales que comprueben la correcta implementación de precios máximos.

La discusión seguirá en comisiones a fin de elaborar el reglamento ejecutivo que operacionalizará las inspecciones, definirá protocolos de muestreo y detallará el procedimiento de impugnación de multas. Hasta entonces, el mensaje legislativo es inequívoco, cualquier abuso en la cadena de combustibles o gas doméstico costará caro.