Trump ordena retirar a personas sin hogar de las calles

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que apunta directamente a la gestión de la crisis de personas sin hogar.

La medida busca obligar a gobiernos estatales y locales a retirar a estas personas de las calles, incluso sin su consentimiento, y trasladarlas a centros de tratamiento o instituciones de larga estancia.

La Casa Blanca anunció que esta acción responde al aumento “histórico” del número de personas sin hogar registrado en los últimos años. Según el documento, en una sola noche durante la última administración se contabilizaron 274,224 personas viviendo en la calle, la cifra más alta desde que se lleva este tipo de registro.

La orden, calificada por la administración como una iniciativa para “acabar con la delincuencia y el desorden en las calles”, autoriza el internamiento civil involuntario para quienes representen un riesgo para sí mismos o para otros. Esto incluye a personas con enfermedades mentales no tratadas o que no pueden valerse por sí mismas.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue la encargada de difundir el anuncio a través de redes sociales. Afirmó que “entregar nuestras ciudades al miedo y al caos no es compasivo, ni para los ciudadanos ni para las personas sin hogar”.

También aseguró que el enfoque actual ha fracasado y que se requiere una estrategia “más humana y eficaz” centrada en la seguridad pública y el tratamiento institucional.

La orden encomienda al Procurador General, en coordinación con el Secretario de Salud y Servicios Humanos, buscar mecanismos legales para revertir precedentes judiciales que impiden el internamiento forzoso de personas sin hogar con trastornos mentales.

Además, se instruye a estas agencias a ofrecer asistencia técnica y subvenciones a gobiernos locales para facilitar la implementación de estándares flexibles que permitan dichos internamientos.

El documento también detalla que los tratamientos podrán ser ambulatorios o en centros especializados, y que se dará prioridad a los programas que ofrezcan atención integral. Estos centros deberán ofrecer servicios para la desintoxicación, tratamiento de salud mental, seguimiento médico y reintegración social.

Uno de los puntos más controvertidos de la orden es que permite a programas financiados con fondos federales rechazar la admisión de ciertos grupos. Específicamente, se habilita la opción de albergar exclusivamente a mujeres y niños, y se autoriza impedir que delincuentes sexuales con antecedentes vivan en espacios compartidos con menores no emparentados.

Trump también ha ordenado a la fiscal general, Pam Bondi, iniciar acciones legales para anular decretos de consentimiento o decisiones judiciales que actualmente obstaculizan la remoción forzada de personas sin hogar.

A esto se suma la reorientación de fondos federales hacia programas de rehabilitación y centros de internamiento, en detrimento de iniciativas consideradas “ineficientes”, como los albergues temporales sin tratamiento obligatorio.

Asimismo, se priorizará la entrega de subvenciones a gobiernos estatales y locales que apliquen con rigor leyes contra la acampada urbana, el consumo abierto de drogas y la ocupación ilegal de espacios públicos. También deberán mantener registros actualizados sobre ofensores sexuales sin hogar como condición para recibir ayuda federal.

Aunque defensores de la iniciativa dentro del gobierno afirman que esta política garantizará un trato más digno a quienes viven en las calles, organizaciones de derechos civiles y expertos en salud pública han advertido sobre posibles violaciones a las libertades individuales y la criminalización de la pobreza.

En su campaña por la reelección, Trump ha prometido recuperar el orden en las grandes ciudades del país, muchas de las cuales, según él, han sido “devoradas por la permisividad, el crimen y el fracaso progresista”. Esta orden ejecutiva representa un paso más en esa narrativa, y deja claro que su administración no dudará en usar mecanismos coercitivos para imponer su visión de “restauración nacional”.

Por ahora, queda por ver cuántos gobiernos locales acatarán la directiva, y si las cortes permitirán su implementación en los términos propuestos.