Vivienda regulariza más de 65 mil lotes de familias estafadas por Argoz

Redacción: Oscar Cruz

(ENNews)–La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que su cartera ha concluido la regularización de 65,901 lotes vendidos de forma irregular por la Corporación Argoz, una cifra que, según la funcionaria, equivale al 80 % de todos los casos de lotificaciones fraudulentas identificados en el país.

La titular explicó que el avance se alcanzó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsara el proceso penal y un juez nombrara un interventor para asumir la administración temporal de la empresa, lo que permitió a los equipos técnicos, sociales y legales del Ministerio depurar archivos, reconstruir expedientes y tramitar la inscripción de cada parcela.

Sol reiteró que, superada la fase de regularización, las familias deben acercarse exclusivamente a las sucursales de Argoz (San Salvador, Santa Tecla, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel) para pagar el servicio de escrituración que incluye plano de segregación simple, descripción técnica, replanteo en campo y el trámite de interés social, de modo que el arancel ante el Centro Nacional de Registros (CNR) se reduzca al 25 %.

La funcionaria detalló que quienes tengan dudas pueden llamar al 2245-9100, y advirtió que no es necesario contratar abogados externos porque el Ministerio mantiene personal jurídico permanente dentro de las oficinas intervenidas.

El caso Argoz salió a la luz pública el 5 de diciembre de 2023, cuando la FGR detuvo a los representantes de la lotificadora por estafa agravada, comercialización irregular de inmuebles y agrupaciones ilícitas, además de incautar $38,000 en efectivo y varios vehículos, tras detectar un esquema de captación de fondos que dejó a miles de compradores sin escrituras durante décadas.

En julio de 2024 el Gobierno reabrió parcialmente la empresa bajo nueva administración para facilitar los pagos y la escrituración, y confirmó la existencia de 654 lotificaciones vinculadas al fraude, distribuidas sobre todo en los departamentos de La Libertad y San Salvador, aunque con casos en los 14 departamentos.

Los registros oficiales muestran una progresión acelerada: 44,000 lotes regularizados a febrero de 2025, 52,587 en marzo, 55,725 al 19 de marzo y 56,165 el 2 de abril, previo al nuevo salto reportado hoy, lo que evidencia, según Vivienda, que la Mesa de Casos Colectivos ha ido afinando los procesos administrativos y registrales.

Sol subrayó que el 90 % de los terrenos ya estaban pagados cuando Argoz entró en crisis, lo que representa una inversión familiar de al menos $147 millones, y que el reconocimiento jurídico del dominio dará acceso a servicios básicos y a líneas de crédito para remodelación, ampliación o mejoras de vivienda.

Organizaciones como Cofoa, que acompañan a unos 8,000 afectados, celebran los avances pero recuerdan que la legalización individual de cada escritura puede tardar hasta dos años más, debido al volumen de expedientes y a los trámites que aún debe completar el CNR.

El Ministerio insiste en que los pagos de diciembre de 2023 a junio de 2024 no generarán intereses adicionales y se trasladarán al final de la deuda, mientras que cualquier cobro fuera de las oficinas intervenidas debe considerarse irregular y denunciarse ante la FGR.

En paralelo, la Fiscalía mantiene prisión preventiva contra ocho exdirectivos de Argoz y ha ampliado la investigación sobre sociedades satélite usadas para desviar fondos, con el objetivo de asegurar reparaciones y evitar impunidad en la estafa inmobiliaria más grande del país.

Las autoridades estiman que, una vez completado el proceso de escrituración, las familias no solo tendrán seguridad jurídica, sino que sus comunidades podrán gestionar proyectos de electrificación, agua potable e internet, y acceder a programas de crédito del Fondo Social para la Vivienda, lo que cerrará un ciclo de incertidumbre de más de 40 años.

Con el hito de los 65,901 lotes, el Ministerio sostiene que la solución al histórico caso Argoz entra en su recta final, aunque advierte que la vigilancia ciudadana seguirá siendo clave para impedir nuevos abusos y garantizar que las familias obtengan, por fin, el título de propiedad que pagaron con esfuerzo.