Administración Trump amenaza a tres Estados si camioneros no hablan inglés

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)-–El Departamento de Transporte de Estados Unidos, ha emitido un ultimátum a los estados de California, Washington y Nuevo México, advirtiéndoles que podrían perder fondos federales si no garantizan que los camioneros tengan conocimientos mínimos de inglés. La medida busca asegurar que los conductores puedan entender las señales de tránsito y comunicarse con las fuerzas de seguridad.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló en un comunicado que los estados no pueden elegir qué normas federales seguir. Duffy otorgó un plazo de 30 días para que estas jurisdicciones, todas gobernadas por el Partido Demócrata, implementen la normativa. De no cumplirla, podrían ser sancionadas con la retención de fondos del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas (MCSAP, por sus siglas en inglés).

El Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas proporciona recursos financieros a los estados para mejorar la seguridad en las carreteras y garantizar la formación adecuada de los conductores profesionales.

Según datos oficiales recopilados por la agencia Bloomberg, California recibió 46 millones de dólares durante el año fiscal 2023 a través de este programa, mientras que Washington obtuvo 9,6 millones de dólares y Nuevo México 6,7 millones. La amenaza de perder estos fondos ha generado preocupación entre autoridades locales y asociaciones de transporte.

Duffy justificó la medida citando recientes accidentes de tráfico, incluyendo uno en Florida que dejó tres muertos, en su declaración, el secretario destacó que el nivel de inglés de los camioneros influye directamente en la capacidad para manejar vehículos de gran tamaño y responder adecuadamente a situaciones de emergencia. Por esta razón, calificó las acciones de “agresivas” pero necesarias para mantener la seguridad vial.

Representantes de California, Washington y Nuevo México han señalado que la implementación de una prueba de competencia en inglés para todos los conductores profesionales podría resultar complicada.

Argumentan que existen comunidades con alta presencia de camioneros cuya lengua principal no es el inglés, y que la medida podría limitar el acceso al empleo en el sector logístico. Además, han indicado que ya se aplican protocolos de seguridad en carretera que no dependen exclusivamente del idioma.

Expertos en transporte y movilidad explican que la comunicación efectiva entre conductores y autoridades es un elemento clave para prevenir accidentes, pero advierten que imponer un requisito lingüístico sin apoyos educativos puede generar problemas de cobertura laboral y afectar el flujo de mercancías.

Algunos analistas señalan que la medida también tiene implicaciones políticas, dado que los estados afectados son gobernados por el Partido Demócrata, y que la administración busca fortalecer controles federales sobre la seguridad en las carreteras.

Por su parte, asociaciones de camioneros han solicitado claridad sobre los criterios exactos que se usarán para evaluar la competencia en inglés y los recursos disponibles para que los trabajadores puedan cumplir con la norma. También piden que se considere la diversidad lingüística del sector y que se implementen programas de capacitación accesibles antes de imponer sanciones económicas.

El Departamento de Transporte mantiene que el objetivo es reducir accidentes y garantizar que todos los conductores de vehículos de gran tamaño tengan las habilidades necesarias para circular de forma segura.

La decisión final sobre la aplicación de sanciones dependerá de la revisión del cumplimiento de la normativa dentro del plazo de 30 días. Hasta entonces, California, Washington y Nuevo México deberán determinar cómo implementar los requisitos de idioma sin afectar la operatividad de sus flotas de transporte.

La administración Trump ha enviado un mensaje claro sobre cumplir las normas federales de seguridad vial, incluyendo los requisitos de idioma para camioneros, bajo riesgo de perder fondos cruciales destinados a mejorar la seguridad en las carreteras.

La tensión entre control federal y autonomía estatal marca un debate que probablemente se extenderá en las próximas semanas, mientras los estados afectados analizan las medidas necesarias para cumplir con el mandato.