Asamblea aprueba exoneración fiscal a inversiones de $2,000 millones o más

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un nuevo marco legal orientado a atraer grandes capitales al país, se trata del “Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador”, una ley que ofrece incentivos fiscales agresivos a quienes trasladen al país inversiones por al menos $2,000 millones.

La medida, respaldada por 56 diputados de Nuevas Ideas, busca que personas naturales o jurídicas, tanto extranjeras como salvadoreñas radicadas en el exterior, trasladen sus patrimonios o montos de inversión a El Salvador para impulsar el desarrollo económico a través de actividades productivas, generación de empleos e incremento de exportaciones.

El régimen contempla exenciones fiscales a gran escala, no se pagará Impuesto sobre la Renta por las ganancias provenientes de las inversiones, ni se aplicarán retenciones, salvo en sueldos mensuales menores o iguales a $100,000. Además, no se pagarán impuestos por la transferencia de inmuebles con fines económicos, ni tasas municipales, ni aranceles por la importación de maquinaria, equipos o insumos.

Según el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, el objetivo es convertir a El Salvador en un destino competitivo para inversiones de alto valor. “Estos capitales que van a llegar generarán empleos de altísima calidad, con buenos salarios. Es un encadenamiento económico sin precedentes en nuestra historia”, sostuvo el legislador.

Por su parte, el diputado Mauricio Ortiz, también de Nuevas Ideas, detalló que el país ganará no solo en inversión directa, sino también en dinamismo económico. “Se generará empleo masivo, aumentará la recaudación por salarios, habrá más cotizaciones al Seguro Social y a las AFP, y se activarán sectores como construcción, transporte, logística y consumo”, enumeró.

Las formas de inversión reconocidas por la ley son variadas. Incluyen aportes de capital para crear sociedades mercantiles o suscribir acciones, compra de bienes inmuebles, otorgamiento de préstamos para proyectos productivos, adquisición de maquinaria o materias primas, y transferencias de bienes intangibles como marcas, patentes o conocimientos técnicos.

También se consideran inversiones válidas aquellas que consistan en trasladar la sede de una empresa extranjera a El Salvador, así como cualquier operación que implique el establecimiento de nuevas actividades económicas dentro del territorio nacional.

Los beneficiarios deberán presentar una solicitud al Ministerio de Economía para registrar su inversión, junto con documentación legal de su país de origen y un resumen financiero elaborado por un contador público salvadoreño. Además, deberán inscribirse en el Registro de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda y presentar la documentación ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en un plazo máximo de 30 días desde el inicio de operaciones.

La DGII tendrá hasta 10 días hábiles para emitir una resolución y, una vez aprobado, el inversionista será oficialmente reconocido como beneficiario del régimen fiscal. A partir de entonces, deberá notificar cualquier modificación relevante en su inversión, como cambios de socios o montos, dentro de los 10 días siguientes al hecho.

El decreto también incorpora sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones, según lo establecido en los artículos 235, 237 y 241 del Código Tributario, principalmente vinculados a la omisión de registro y notificación de información relacionada a los patrimonios e inversiones.

Aunque la normativa fue aprobada con mayoría oficialista, recibió votos en contra. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, fue la única en oponerse al considerar que el decreto otorga privilegios excesivos sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas ni evaluación de impacto económico.

Pese a la crítica, desde el oficialismo insisten en que se trata de una apuesta estratégica para posicionar al país como un polo de inversión regional. Aseguran que el impacto fiscal inicial será compensado por la dinamización de la economía, el aumento del consumo y la expansión del empleo formal.

El nuevo régimen parte de dejar de percibir ingresos fiscales directos a cambio de atraer montos millonarios que podrían disparar la productividad nacional, dinamizar sectores clave y mejorar el perfil crediticio del país.