Gobierno recupera y escritura 11 mil viviendas usurpadas por grupos criminales

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–El Gobierno de El Salvador informó sobre la recuperación y escrituración de 11,000 inmuebles que en el pasado fueron usurpados por grupos criminales, proceso que representa una inversión de $122 millones en créditos.

La medida ha sido liderada por el Ministerio de Vivienda, como parte de las acciones para garantizar la restitución de derechos a las familias afectadas por la violencia.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que por décadas la inseguridad obligó a miles de salvadoreños a abandonar sus viviendas, situación que dejó comunidades enteras vacías y sin posibilidad de desarrollo. Agregó que la estrategia gubernamental ha permitido revertir esa realidad y devolver las propiedades a sus dueños legítimos mediante un proceso de recuperación legal y posterior escrituración.

“En el pasado, los pandilleros sacaban a los propietarios de sus casas y las alquilaban, percibiendo al menos $300 por cada inmueble usurpado. Hoy hemos logrado escriturar 11,000 inmuebles recuperados, colocando $122 millones en créditos”, señaló la funcionaria durante la presentación de resultados.

El proceso de recuperación forma parte de una estrategia integral que combina políticas de seguridad pública con acciones sociales y de desarrollo urbano. Según el Gobierno, la ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción permitió restituir el control de comunidades que permanecieron bajo el dominio de pandillas durante años.

De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, los inmuebles recuperados se ubican en diferentes zonas del país donde las estructuras criminales habían establecido un patrón de apropiación ilegal. Estos grupos, además de desplazar a las familias, generaban un mercado ilícito de alquileres que representaba ingresos económicos constantes para sus actividades delictivas.

Con la intervención gubernamental, los inmuebles pasaron a un proceso de regularización jurídica que incluye la escrituración a favor de los propietarios originales. Esta etapa, explicaron las autoridades, no solo garantiza la restitución del derecho a la vivienda, sino que también permite a las familias acceder a programas de crédito y financiamiento para mejorar sus hogares.

La inversión de $122 millones en créditos destinados a la escrituración refleja, según el Ejecutivo, un esfuerzo por vincular seguridad y justicia social. Con ello se busca que la recuperación de territorios no se limite únicamente a la reducción de la criminalidad, sino que también abra oportunidades de estabilidad y crecimiento para los ciudadanos.

El Ministerio de Vivienda destacó que la recuperación de estas 11,000 propiedades es un avance significativo dentro de una política más amplia orientada a consolidar comunidades seguras.

Estas acciones se articulan con proyectos de urbanismo social, mejoras en servicios básicos e iniciativas de desarrollo comunitario que, en conjunto, pretenden fortalecer el tejido social.

Las autoridades recordaron que, durante años, el despojo de viviendas fue una de las formas más agresivas de control territorial ejercido por las pandillas. Las familias que lograban abandonar sus inmuebles enfrentaban la imposibilidad de reclamar sus derechos debido a la amenaza de represalias, lo que consolidaba la permanencia de los grupos criminales en distintos barrios y colonias.

Con los cambios en las condiciones de seguridad, el Ejecutivo aseguró que ahora existen las bases para garantizar que los hogares recuperados permanezcan en manos de sus propietarios y que no vuelvan a ser utilizados como fuente de ingresos ilegales. La meta es que la escrituración genere estabilidad jurídica, social y económica para las comunidades beneficiadas.

El Ministerio de Vivienda indicó que continuará con los procesos de escrituración en coordinación con otras instituciones del Estado, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y alcanzar a más familias que fueron afectadas en el pasado, al mismo tiempo, se trabaja en proyectos habitacionales que complementan los esfuerzos de recuperación de territorios.

Con este anuncio, el Gobierno subrayó que la seguridad y el desarrollo social son ejes que avanzan de manera conjunta. La recuperación de 11,000 inmuebles usurpados representa no solo una restitución de derechos, sino también un paso hacia la transformación de comunidades que por años permanecieron en situación de vulnerabilidad.