Ministro de Seguridad asumirá funciones de director de la PNC tras reforma del Ejecutivo

Redacción: Oscar Cruz

(ENNews)–El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, asumirá de forma oficial las funciones de director de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras no exista un nuevo nombramiento. Esta decisión se formalizó mediante una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 2025, según información retomada de Diario El Mundo.

La reforma, que entró en vigencia el mismo día de su publicación, modifica los artículos 28 y 35 del reglamento. El decreto fue suscrito por el presidente de la República, Nayib Bukele, y la ministra de Turismo, encargada del Despacho del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Uno de los cambios más relevantes es la sustitución del numeral 13 y la adición del numeral 14 al artículo 35. En la nueva redacción se establece que el ministro ejercerá “las funciones administrativas necesarias para la gestión y funcionamiento de la Policía Nacional Civil, así como la representación legal de la misma, en casos de ausencia o vacancia del director general de la Policía Nacional Civil, mientras no exista nombramiento”.

Esta es la primera vez que un funcionario ejerce simultáneamente los cargos de ministro de Seguridad y director de la PNC, lo que amplía sus atribuciones en materia de seguridad pública.

Las reformas se producen a menos de seis semanas de que se cumpla un año sin un titular en la dirección de la PNC, tras el fallecimiento del comisionado que ocupaba ese cargo el 9 de septiembre de 2024, en un accidente de helicóptero en el que también murieron otros ocho ocupantes, incluidos dos subdirectores policiales.

En enero de 2025, Villatoro confirmó que ya estaba desempeñando funciones de dirección de la PNC mientras se decidía un nuevo nombramiento. En ese momento declaró que, como cabeza del ramo, le correspondía asumir esas responsabilidades hasta que se designara al nuevo titular.

Además de otorgarle estas funciones, la reforma cambia el nombre de la cartera, que pasa de “Ministerio de Justicia y Seguridad Pública” a “Ministerio de Seguridad Pública y Justicia”. Sin embargo, a dos semanas de la entrada en vigor del cambio, la página web institucional y las redes sociales del ministro mantienen la denominación anterior.

El Consejo de Ministros justificó esta modificación señalando que “es necesario realizar un reajuste en la denominación de la referida cartera de Estado, dadas las actuales condiciones de seguridad en el país, e incorporar una nueva atribución al titular del referido ministerio”.

El decreto incluye también la creación de la Secretaría de Valores, a cargo de un secretario nombrado por el presidente de la República, que actuará como autoridad de consejería ética, moral o espiritual de la Presidencia.

Según medios locales, en noviembre de 2024, un memorando interno evidenciaba que Villatoro autorizaba traslados de personal policial, incluyendo inspectores, subinspectores y agentes, funciones propias del director de la PNC. Esto confirma que en la práctica ya ejercía las atribuciones que ahora se formalizan mediante esta reforma.

Desde que asumió el cargo, el ministro Villatoro ha impulsado una estrategia integral en seguridad pública que ha incluido operativos contra estructuras criminales, fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y medidas para mejorar la administración penitenciaria.

Las autoridades reportan que durante su gestión se han registrado avances en la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, además de un mayor control en los centros penales y cooperación internacional para el combate al crimen organizado. Este contexto de resultados positivos respalda su continuidad al frente de la PNC mientras se define un nuevo director.

Desde la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, los homicidios en El Salvador han caído más del 60 % en los últimos dos años, pasando de alrededor de 1,200 homicidios anuales a menos de 450. Además, se reporta una reducción significativa en casos de extorsión y delitos relacionados con pandillas, gracias a la fuerte presencia policial y militar en las zonas más afectadas.