Exministro Duarte enfrenta audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador ha dado un paso crucial en el proceso judicial contra el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su núcleo familiar. Tras una reciente audiencia, la Cámara ordenó que el caso avance a la audiencia probatoria en el marco de un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.

​El monto en disputa asciende a $572,015.22, una suma que la Fiscalía General de la República (FGR), reclama a favor del Estado. La acción judicial busca que el exfuncionario y sus parientes justifiquen el origen legítimo de este medio millón de dólares que, según las investigaciones, representa un desfase patrimonial no justificado.

​El incremento patrimonial bajo sospecha ocurrió durante el tiempo en que Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019. La ley salvadoreña obliga a los exfuncionarios a transparentar y justificar el origen de su riqueza durante el ejercicio de sus funciones.

​La base del proceso civil es un detallado informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dicho informe fue el que inicialmente detectó las 72 irregularidades en el patrimonio del exministro y su familia, que la Fiscalía considera evidencia de un incremento sin justificación.

​La demanda civil por enriquecimiento ilícito fue presentada por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la FGR en 2024. El monto total que la Fiscalía reclama a favor del Estado es el acumulado de las inconsistencias detectadas en las cuentas de los cinco demandados.

​El principal señalado es José Napoleón Duarte Durán, quien se desempeñó como Ministro de Turismo durante una década, bajo las administraciones de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. A él se le imputan 21 irregularidades que suman un monto de $126,083.98.

​Según el reporte fiscal, estas inconsistencias en su patrimonio personal incluyen depósitos bancarios no justificados, pagos a tarjetas de crédito y diferencias negativas significativas entre sus ingresos y egresos registrados durante su periodo de servicio público.

​La demanda civil ha sido extendida a la familia directa del exministro, quienes también son señalados por no poder justificar incrementos en sus patrimonios que la FGR vincula con el ejercicio de la función pública del exministro. En conjunto, los familiares acumulan un monto reclamado superior al del exfuncionario.

​Su cónyuge, María Cristina Benítez de Duarte, es demandada por cuatro irregularidades que ascienden a $79,344.53. Las inconsistencias en su patrimonio están relacionadas específicamente con depósitos a plazo, la adquisición de un vehículo automotor y una diferencia negativa en sus gastos e ingresos personales.

​El hijo, José Napoleón Duarte Benítez, enfrenta una demanda por 23 irregularidades que, en conjunto, representan la suma más alta de todo el proceso: $218,904.74. Por su parte, la hija, María Cristina Duarte de González, es demandada por nueve irregularidades que suman $64,919.42.

​
Finalmente, el otro hijo, Juan Carlos Duarte Benítez, enfrenta un reclamo por 15 irregularidades que totalizan $82,762.55. Las irregularidades identificadas por la Fiscalía en el patrimonio de los hijos se centran principalmente en la falta de justificación para la compra de vehículos, pagos a tarjetas de crédito y depósitos bancarios de montos considerables.

​Durante la década que estuvo en la función pública, José Napoleón Duarte Durán no solo fue Ministro de Turismo. También ejerció otros cargos importantes como la presidencia de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

Además, fue miembro del Consejo Salvadoreño del Café, aunque en este último no ostentaba un cargo de dirección, según registros oficiales.
​Es un hecho relevante que Duarte Durán es hijo del expresidente de la República, José Napoleón Duarte Fuentes (1984-1990). No obstante, el juicio civil se centra exclusivamente en el patrimonio personal del exministro y su familia.

​Según fuentes fiscales, la defensa del exministro y su familia ha interpuesto diversos recursos y alegatos legales durante la fase preparatoria del juicio. Entre sus principales argumentos, han esgrimido la improponibilidad del caso por motivos de forma.

​Además, la defensa ha mencionado la supuesta prescripción de la acción civil, argumentando que los hechos ocurrieron hace más de 10 años. Sin embargo, la reciente resolución de la Cámara Segunda de lo Civil de ordenar la audiencia probatoria indica que los magistrados han considerado que existen suficientes elementos para continuar con el juicio.

​La audiencia probatoria es la etapa donde ambas partes presentarán las pruebas que respaldan sus respectivas posturas. La FGR deberá demostrar que el aumento patrimonial de la familia no corresponde a sus ingresos legítimos, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de desvirtuar las 72 irregularidades señaladas.

​Si la Cámara Segunda de lo Civil encuentra a Duarte Durán y a su grupo familiar responsables de enriquecimiento ilícito, la ley establece dos consecuencias directas. La primera es la devolución al Estado del monto que se determine como enriquecido ilícitamente, que será una cantidad no superior a los $572,015.22 reclamados.

​La segunda es que serán inhabilitados para cargos públicos, quedando imposibilitados para ejercer cualquier empleo o función pública por un período determinado.