Ministro Villatoro afirma que reformas a Ley contra el Crímen Organizado buscan cero impunidad

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que las recientes reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado permitirán procesar de manera más efectiva a los miles de capturados bajo el régimen de excepción. Según el funcionario, los cambios fueron diseñados para enfrentar a estructuras criminales de gran magnitud y no para prolongar las detenciones.

Villatoro explicó que era difícil diligenciar un proceso ordinario con cientos de imputados en un solo expediente. Con las enmiendas, dijo, el Estado cuenta con más herramientas legales para aplicar justicia contra organizaciones criminales o terroristas. Recordó que desde el inicio del régimen se han desarticulado más de 600 estructuras de pandillas en todo el país.

“Estas reformas que se presentaron hace 15 días a la Asamblea son precisamente para poder encargarnos de estas organizaciones, y lo que decimos a la población es que estos asesinos seriales no van a volver a salir”, sostuvo el ministro durante una entrevista televisiva.

El funcionario señaló que los códigos penales y procesales vigentes fueron diseñados en 1998 para delitos comunes, pero resultaban insuficientes ante crímenes cometidos por pandillas. “Se recibe un país con un sistema judicial que era un desastre. Así como entraban homicidas y salían; así entraban rateros, violadores, sujetos que vendían droga. Por donde se miraba era un diseño perverso del Estado para fallar”, expresó.

La reforma aprobada el 15 de agosto establece que los detenidos podrán permanecer hasta cinco años en prisión mientras se presentan las acusaciones correspondientes. La medida, según Villatoro, permitirá dar trámite a los procesos sin que los señalados evadan la justicia.

El Gobierno reporta alrededor de 89,000 personas capturadas desde marzo de 2022, que serán procesadas en tribunales especializados. Para ello se han designado 44 jueces del crimen organizado y 300 auxiliares fiscales. Todos los casos se encuentran en reserva, y la Corte Suprema de Justicia reorganizó los tribunales en un centro judicial ubicado en Soyapango, donde actúan jueces sin rostro estipulados en la ley.

Villatoro sostuvo que el Estado ahora tiene la capacidad de procesar a todos los detenidos. Añadió que las reformas forman parte de la estrategia de seguridad que combina acciones de justicia con despliegues de seguridad pública. Según dijo, la aplicación del régimen ha generado una transformación en el país.

“El año pasado cerramos con una tasa de impunidad arriba del 1.4. Este año, la efectividad es del 100 %, es decir, impunidad cero. Esto solo se logra bajo un liderazgo firme y con instituciones respaldadas por el Presidente”, aseguró.

El ministro destacó que el Gobierno ha alcanzado más de 1,000 días sin homicidios, resultados que atribuyó a la implementación del régimen de excepción y a las herramientas jurídicas aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, recordó que en junio de 2021 el Presidente Nayib Bukele ordenó duplicar el recurso humano desplegado en el territorio, lo que permitió recuperar el control en comunidades dominadas por pandillas.

“Esas actividades nos permitieron recuperar el territorio poco a poco, de tal manera que cuando llegamos a la batalla decisiva, el día en que las pandillas lanzaron su ofensiva, ellos no tendrían cómo responder”, afirmó.

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad no se limita a las capturas, sino que incluye medidas para garantizar que los procesos judiciales concluyan sin impunidad. Agregó que los cambios se reflejan en la vida de las comunidades, que ahora experimentan condiciones de mayor tranquilidad y desarrollo.

Ambos funcionarios coincidieron en que las reformas refuerzan el componente judicial de la política de seguridad. De acuerdo con sus declaraciones, la combinación de detenciones masivas, fortalecimiento legal y reorganización de tribunales permitirá dar respuesta a la población salvadoreña con procesos más ágiles contra estructuras criminales.