Tribunal de EEUU bloquea deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–En un fallo histórico, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.

La administración Trump había emitido una proclamación en marzo de 2025, argumentando que estos migrantes representaban una “invasión depredadora” al país. Sin embargo, el tribunal determinó por mayoría de 2 a 1 que tal interpretación no se ajusta a la ley, que solo permite la expulsión de ciudadanos de países con los que Estados Unidos está en guerra o que participen en una invasión o incursión militar.

Los jueces concluyeron que la inmigración ilegal no equivale a una fuerza armada organizada. El juez Andrew Oldham, en desacuerdo, argumentó que la decisión limita indebidamente los poderes presidenciales en asuntos de seguridad nacional.

Este fallo representa un revés significativo para la política migratoria de la administración Trump y podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, la decisión es vinculante para los tribunales inferiores en los estados del Quinto Circuito, como Texas, Luisiana y Misisipi, donde se habían implementado deportaciones bajo esta ley.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, celebró el fallo como una victoria para el debido proceso y los derechos civiles. La ACLU argumentó que la ley no está diseñada para abordar amenazas de grupos criminales no estatales y que su aplicación en este contexto violaba las garantías constitucionales de los migrantes afectados.

En marzo de 2025, más de 200 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, fueron deportados a El Salvador y detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Tras denuncias de abusos y torturas, y tras negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, muchos de estos detenidos fueron liberados y regresaron a Venezuela.

Este caso subraya las tensiones entre las políticas de seguridad nacional y los derechos humanos en el ámbito migratorio. Mientras la administración Trump busca herramientas legales para abordar lo que considera amenazas transnacionales, los tribunales están evaluando los límites de esos poderes frente a las protecciones constitucionales de los individuos.

El futuro de esta disputa legal podría depender de una decisión de la Corte Suprema, que tendría que equilibrar las prerrogativas del ejecutivo en materia de seguridad nacional con los derechos fundamentales de los migrantes.