Venezuela decreta Estado de Conmoción por presunta “agresión” de EE.UU.

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)— El Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha elevado drásticamente el nivel de tensión con Estados Unidos al decretar formalmente un Estado de Conmoción Exterior.

Esta medida excepcional, anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, otorga al presidente poderes extraordinarios en materia de defensa y seguridad, en respuesta directa al significativo despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe que Washington justifica como una operación antidrogas.

El decreto, que el propio Maduro afirmó haber suscrito tras un proceso de “consulta constitucional” y que presentó públicamente como una propuesta la semana anterior, habilita al jefe de Estado a restringir temporalmente ciertas garantías constitucionales y a tomar control militar de servicios e instituciones consideradas estratégicas.

La medida se basa en la percepción de que el país enfrenta una amenaza de “agresión armada militar” por parte de lo que el gobierno venezolano denomina “el imperio estadounidense”.

La decisión de Caracas se produce en un contexto de intensa fricción bilateral, exacerbada por la inusual movilización naval de Estados Unidos. El Comando Sur (SOUTHCOM) de EE. UU. ha desplegado un contingente que incluye ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, con el objetivo declarado de interceptar rutas de narcotráfico provenientes de Venezuela.

Funcionarios de la administración Trump han aseverado que este operativo ya ha logrado la destrucción de varias embarcaciones presuntamente cargadas con estupefacientes que zarparon desde costas venezolanas, saldándose con la muerte de al menos catorce personas, a quienes Washington ha calificado en ocasiones como “terroristas” o “narcotraficantes”.

Adicionalmente, reportes de prensa no confirmados por el Pentágono mencionan la posibilidad de que EE. UU. esté considerando realizar ataques con drones dirigidos a supuestos grupos narcotraficantes en suelo venezolano, lo que intensifica la alarma en Caracas.

El gobierno venezolano, por su parte, ha denunciado sistemáticamente este despliegue como un acto de asedio y una amenaza directa a su soberanía e integridad territorial, alegando que el verdadero propósito de Washington es apoderarse de sus vastas reservas energéticas y minerales.

En respuesta a esta coyuntura, el presidente Maduro ha ordenado el alistamiento de las reservas militares y la realización de amplios ejercicios militares a lo largo del país para preparar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante una posible confrontación.

El Estado de Conmoción Exterior es una figura contemplada en la Ley de Estados de Excepción venezolana. Según Delcy Rodríguez, el decreto “da poderes” y “facultades especiales” a Maduro para “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” frente a cualquier acción hostil. Entre las facultades que este estado de excepción podría conferir al ejecutivo están:

La restricción temporal de derechos constitucionales, aunque la Carta Magna establece que derechos como el derecho a la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso y la información se mantienen como “intangibles”. El control militar de servicios públicos e instituciones estratégicas. El cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
La activación de “todo tipo de planes económicos, políticos y sociales” para garantizar la “vida nacional”.

La ONG venezolana Acceso a la Justicia ha expresado su preocupación, señalando a la prensa que la “suspensión o limitación de derechos” que podrían no estar ajustadas a la realidad de la amenaza constituye el principal riesgo de la medida.

Aunque el decreto entra en vigor una vez firmado por el mandatario, tanto el Poder Legislativo como el Judicial tienen la potestad de revisarlo y, si lo consideran inconstitucional o improcedente, frenar sus alcances.

Esfuerzos Diplomáticos y Regionales
En el ámbito internacional, Venezuela ha llevado su denuncia sobre las maniobras de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El canciller Yván Gil se reunió con el secretario general, Antonio Guterres, y Maduro aseguró que hubo una “buena retroalimentación” sobre la situación. No obstante, la comunidad internacional se mantiene dividida, con el “eje Cuba-Venezuela-Nicaragua” condenando la movilización como una “ofensiva imperialista”, mientras que otros países de la región han endurecido su postura contra el gobierno de Maduro.

La escalada de tensión no solo preocupa a los analistas políticos, sino también a la población civil. Pescadores venezolanos han manifestado a medios de comunicación su temor ante la presencia militar sin precedentes en aguas cercanas, reportando riesgos para su labor diaria.

El Gobierno venezolano insiste en su retórica de defensa nacional y asegura que existe una “Venezuela compacta” preparada para responder a cualquier “agresión”, advirtiendo que un conflicto armado en el país tendría graves consecuencias para toda la región e incluso para el propio Estados Unidos.

La crisis entre ambas naciones, agravada por este nuevo decreto, se mantiene en un punto de máxima alerta, a la espera de los próximos movimientos de Caracas y Washington.