Dos condenas por estafa agravada en tribunales de San Salvador

Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ha emitido condenas en dos casos de estafa agravada que involucran a empresarios locales, destacando el uso de documentos falsos y engaños para obtener productos o dinero. Los imputados, Oscar Alcides Guzmán Sorto y Francisco Roberto Gómez Ramírez, enfrentan penas de prisión y responsabilidades civiles, según informes de la Fiscalía General de la República.

En el primer caso, Oscar Alcides Guzmán Sorto, declarado rebelde, recibió una condena de ocho años de prisión por estafa agravada en perjuicio de una sociedad. De acuerdo con el expediente fiscal, el 9 de junio de 2017, Guzmán Sorto contactó a la empresa víctima y realizó un pedido de 290 kilos de base para yogur y 100 bases extensoras de queso, por un monto total de $4,332.98. Al ser un cliente nuevo, la compañía le exigió realizar una remesa bancaria como garantía para entregar el producto.

El 23 de junio de ese año, el imputado envió por correo electrónico una copia de la remesa correspondiente a un cheque por $4,000. Al día siguiente, dos personas se presentaron en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana Oeste, para retirar la mercancía. Sin embargo, estas no portaban su Documento Único de Identidad (DUI), lo que levantó sospechas iniciales.

El 28 de junio, el banco notificó a la sociedad que el cheque estaba suspendido desde abril y que la firma en el documento no coincidía con la registrada en sus archivos. Esta revelación confirmó el engaño, ya que el producto ya había sido entregado bajo la promesa de pago falso.

En un caso similar, Francisco Roberto Gómez Ramírez fue sentenciado a 10 años y 8 meses de prisión por los delitos de estafa agravada y falsedad ideológica. Además, deberá pagar $349,550.00 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Según las evidencias fiscales, en 2022, Gómez Ramírez se acercó a representantes de una sociedad local, asegurándoles que tenía contratos con una institución gubernamental y requería equipo tecnológico para sus operaciones.

El imputado presentó “quedans” (contratos) como supuesta garantía y convenció a la empresa de invertir dinero, prometiendo a cambio el 25% de las ganancias. Una vez recibido el efectivo, Gómez Ramírez desapareció, sin entregar las ganancias prometidas ni devolver el capital invertido. La Fiscalía recopiló pruebas que demostraron la falsedad de los documentos y la intención de defraudar.

Estos casos resaltan la importancia de verificar transacciones y documentos en el sector empresarial, especialmente en un contexto de creciente ciberdelincuencia y fraudes financieros. Las autoridades judiciales continúan investigando patrones similares para prevenir futuras estafas. El Tribunal Quinto de Sentencia no ha emitido declaraciones adicionales sobre posibles apelaciones.