El Salvador busca atraer capitales con Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para la creación de la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), normativa que busca atraer inversiones de alto valor y sofisticación al país, fortalecer el ecosistema financiero y promover el crecimiento económico. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización del sistema financiero salvadoreño.

El proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio claro y supervisado para la constitución y operación de fondos privados que permitan la inversión de grandes capitales en proyectos de alto impacto, incluyendo activos digitales, energías renovables e infraestructura inmobiliaria. La normativa se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución de la República, que encomienda al Estado promover el desarrollo económico mediante el incremento de la productividad y el uso eficiente de los recursos.

Durante la discusión de la propuesta, los diputados escucharon la opinión técnica de representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR). Martha Solís, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que los PAIF estarán dirigidos a inversionistas sofisticados, definidos como personas o entidades con conocimientos, experiencia y capacidad financiera suficientes para asumir riesgos asociados a inversiones complejas. Los aportes mínimos para estos inversionistas serán de $250,000, bajo un marco legal que proporciona certeza jurídica y flexibilidad para proyectos innovadores.

Solís agregó que las sociedades administradoras especializadas deberán contar con un capital mínimo de $10 millones, pagado en efectivo, y gestionar los fondos respetando estrictamente el perfil de riesgo y liquidez de cada inversionista.

Las entidades interesadas deberán presentar ante la Superintendencia información sobre accionistas con más del 10 % de participación, plan de actividades, políticas de remuneración, estrategias de inversión, mecanismos de financiamiento y perfiles de riesgo. Las sociedades podrán estar dirigidas por una junta directiva, consejo de gerentes o un administrador único, todos con suplentes, y sus miembros deberán tener reconocida honorabilidad y experiencia financiera. En caso de incumplimiento, la Superintendencia podrá cesarlos de inmediato, y las sociedades administradoras responderán solidariamente por daños causados por directivos o empleados.

Evelyn Gracias, titular de la SSF, propuso modificar varios artículos de la ley, incluyendo los relacionados con la autorización de constitución de sociedades y la incorporación de criterios macroprudenciales, que permitirán evaluar riesgos sistémicos y contextos macroeconómicos nacionales e internacionales.

Por su parte, Camilo Trigueros, director del CNR, solicitó ajustes técnicos en los artículos sobre fusiones y destacó que, desde 2021, la creación de nuevas empresas ha pasado de 4,000 a 6,000 anuales, con una proyección superior a 7,000 para 2025, lo que refleja la confianza generada por la administración presidencial en el clima de seguridad y la facilitación de la constitución de sociedades.

La normativa contempla beneficios fiscales, como la exención del Impuesto sobre la Renta para utilidades, dividendos, regalías, rentas y ganancias de capital generadas por los PAIF, incluyendo beneficios obtenidos por inversiones en otros fondos. Aunque los PAIF no formarán parte del sistema financiero tradicional, estarán sujetos a supervisión para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, bajo la responsabilidad de la SSF y el Banco Central de Reserva (BCR), que emitirán la normativa técnica y garantizarán el cumplimiento de las obligaciones legales.

En el debate legislativo, la diputada Claudia Ortiz solicitó reforzar los mecanismos de vigilancia de los fondos, al no formar parte del sistema financiero formal. La superintendente Gracias aclaró que los PAIF deberán cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero y estarán sujetos a supervisión, además de acatar toda normativa técnica emitida por la SSF y el BCR. Solís añadió que la regulación dependerá del tipo de negocio en el que se enfoque cada fondo y aplicará tanto a los PAIF como a sus sociedades administradoras.

Los legisladores también abordaron los beneficios económicos de la ley. Solís indicó que la figura del inversionista sofisticado permite atraer capitales de mayor envergadura que los que normalmente ingresan al país, asegurando que los fondos estén domiciliados en El Salvador y destinados a proyectos de alto riesgo y retorno, incluyendo activos digitales, energías renovables e infraestructura inmobiliaria.

La ley establece que las sociedades administradoras deberán contar con personal, plataformas tecnológicas, procedimientos, políticas, controles internos y manuales que garanticen la correcta administración de los fondos. Todo esto se complementa con disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los parlamentarios coincidieron en que la creación de esta normativa posiciona a El Salvador como un destino atractivo para inversiones sofisticadas, fomentando la diversificación económica mediante sectores estratégicos y la adopción de tecnologías financieras innovadoras.