Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales por presunta trata de personas

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Fiscalía Departamental de Tarija, en Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, en el marco de una investigación relacionada con una supuesta relación con una menor de edad en 2015.

El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para formular la acusación contra Morales y contra Idelsa Pozo, madre de la joven involucrada, tras una investigación iniciada en septiembre de 2024. Según el expediente, la presunta relación entre Morales y la menor habría ocurrido mientras él aún ocupaba la Presidencia de Bolivia, y de ella habría nacido una niña.

De acuerdo con los documentos fiscales, el caso se fundamenta en declaraciones, registros de comunicación y otros indicios recopilados durante los últimos meses. La acusación se formalizó ante un juez de instrucción penal de Tarija, quien deberá determinar los próximos pasos procesales, entre ellos la fecha de la audiencia de medidas cautelares.

Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y actual referente político en el Chapare, no ha comparecido a las citaciones previas en el marco de la causa. El expresidente sostiene que el proceso judicial responde a una persecución política orquestada por el Gobierno de Luis Arce, con quien mantiene un abierto distanciamiento desde 2023.

El exmandatario asegura que se trata de una “reedición” del caso abierto durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en 2020, cuando fue investigado por presunto abuso de menores sin que se hallaran pruebas concluyentes. En sus declaraciones recientes, Morales ha acusado al Ministerio Público de “servir a los intereses del poder político” y de “usar la justicia para dividir al movimiento popular”.

Además de esta acusación en Bolivia, Morales enfrenta denuncias en Argentina por presunto abuso de menores, presentadas por grupos opositores vinculados al Gobierno del presidente Javier Milei. Dichas denuncias, aún en etapa preliminar, hacen referencia a los mismos hechos ocurridos durante su presidencia.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó la presentación de la acusación formal y, poco después, informó haber sido destituida del cargo por orden del fiscal general del Estado, Róger Mariaca. “Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicio”, declaró Gutiérrez al diario El Deber, sin ofrecer más detalles sobre los motivos de su cese.

El cambio en la dirección de la Fiscalía ha generado interrogantes sobre la independencia del proceso y las posibles presiones internas dentro del Ministerio Público. No obstante, el fiscal general Mariaca sostuvo que la rotación de personal responde a “ajustes administrativos regulares” y que la investigación continuará “sin interrupciones ni interferencias políticas”.

Por su parte, el entorno de Morales ha calificado la acusación como un intento de “inhabilitación judicial” previo a las elecciones de 2025, en las que el exmandatario busca disputar nuevamente el liderazgo del MAS frente a las facciones afines a Arce.

El caso, que ahora pasa a la etapa judicial, podría convertirse en uno de los procesos más delicados en la historia política reciente de Bolivia, tanto por la naturaleza del delito imputado como por la figura del acusado. Mientras la Fiscalía insiste en la existencia de pruebas suficientes, la defensa de Morales mantiene que se trata de una maniobra política que busca su descrédito antes del nuevo ciclo electoral.

La acusación formal marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre el sistema judicial y la política boliviana, en un contexto donde las tensiones internas del oficialismo continúan profundizándose y el país se encamina hacia un proceso electoral con múltiples frentes abiertos.