Nueva ley fortalece la lucha contra el lavado de dinero y regula criptomoneda

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, marca un cambio en el marco regulatorio salvadoreño frente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. La normativa busca modernizar los mecanismos de control, adaptarlos a la realidad económica actual e incorporar el uso de activos digitales dentro del sistema financiero formal.

El texto sustituye a la ley vigente desde 1999, con el propósito de actualizarla a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos organismos habían solicitado a El Salvador adecuar su legislación antes de agosto de 2025, especialmente en lo relativo a los proveedores de servicios de activos virtuales, como bitcoin.

Entre los principales cambios se encuentra la redefinición del listado de “sujetos obligados”, es decir, las personas naturales o jurídicas que deben reportar operaciones sospechosas a la Fiscalía General de la República. La nueva ley reduce de 20 a 10 los sectores incluidos en esa categoría, concentrándose en aquellos con mayor exposición a movimientos financieros, como bancos, aseguradoras, cooperativas, casas de crédito, casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, y proveedores de servicios digitales.

Según lo aprobado, esta reducción busca enfocar los esfuerzos de supervisión en los sectores de riesgo real, evitando la carga administrativa de entidades con bajo nivel de exposición. El fiscal general, Rodolfo Delgado, sostuvo que el sistema anterior generaba “sobrerregulación” y un exceso de reportes que complicaban la operatividad y retrasaban la detección de casos relevantes.

Otro cambio destacado es el aumento del monto que las personas deben declarar al ingresar o salir del país con dinero en efectivo. El límite pasa de $10,000 a $15,000, en consonancia con los estándares internacionales sobre control de capitales y movilidad de divisas.

La ley también incorpora el concepto de “inclusión financiera”, con el fin de evitar que las instituciones financieras nieguen servicios a personas por haber sido mencionadas en listados, referencias internas o publicaciones. Las decisiones deberán basarse en evaluaciones individualizadas de riesgo, con la finalidad de garantizar un acceso equitativo al sistema financiero.

En cuanto a la estructura institucional, la normativa crea el Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, coordinado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía. Este sistema articulará los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas que intervienen en la detección, prevención e investigación de delitos financieros.

Además, se establece el Comité Interinstitucional (CIPLAFT), que funcionará como órgano de coordinación y asesoría técnica. Estará integrado por representantes de alto nivel del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero.

La ley también refuerza el régimen sancionatorio para quienes incumplan sus obligaciones. Las multas podrán oscilar entre 50 y 1,000 salarios mínimos mensuales para personas jurídicas y hasta 400 salarios mínimos para personas naturales. En casos de reincidencia o gravedad, se contempla la suspensión temporal de operaciones, la inhabilitación o incluso la disolución de entidades.

Con estos cambios, la normativa pretende equilibrar el control de operaciones sospechosas con la protección de derechos financieros y el acceso al sistema económico formal. De acuerdo con los legisladores que apoyaron el proyecto, la actualización permitirá mejorar la cooperación internacional, facilitar la trazabilidad de activos digitales y fortalecer la capacidad institucional del país ante delitos financieros.

A la vez, los ajustes buscan facilitar la detección temprana de operaciones inusuales mediante herramientas tecnológicas y sistemas de información interconectados entre entidades financieras, autoridades fiscales y organismos supervisores.

La nueva ley entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial y sustituirá completamente la normativa anterior. Su implementación será acompañada de reglamentos técnicos que definirán los procedimientos de reporte, los mecanismos de intercambio de información y los parámetros de evaluación de riesgo que deberán adoptar las instituciones supervisadas.

Con esta actualización, El Salvador busca mantener la coherencia con los compromisos asumidos ante el GAFILAT y el FMI, modernizar su estructura regulatoria y fortalecer la integridad del sistema financiero frente a las nuevas modalidades de circulación de capitales en la economía global.