Vivienda libera $1.4 millones y entrega escrituras a familias estafadas

Redacción: Mauricio Martínez

(ENNews)- La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias provenientes de 34 lotificaciones ubicadas en 11 departamentos del país, como parte del proceso de reparación a víctimas de la Corporación Argoz S.A. de C.V., empresa señalada por estafar a cientos de personas con falsas promesas de venta de terrenos.

Según detalló la funcionaria, en esta etapa se liberaron $1.4 millones a favor de las familias beneficiadas, y destacó que el 56 % de las escrituras quedó inscrito a nombre de mujeres jefas de hogar.

“Las familias que reciben el documento vienen de 34 lotificaciones de 11 departamentos del país. El monto liberado a favor de ellas es de $1.4 millones. Otro dato importante es que el 56 % de las escrituras está inscritas a nombre de mujeres jefas de hogar”, expresó Sol durante el acto.

La ministra también informó que, a nivel nacional, el Gobierno ha logrado regularizar 118,516 lotes de los más de 350,000 registrados, cifra que podría aumentar hasta los 400,000 casos al continuar identificando nuevos afectados.

“A lo largo del tiempo hemos recuperado a favor de las familias estafadas $1,185 millones, a escala nacional”, agregó.

Durante su discurso, Sol afirmó que continuarán las acciones legales y administrativas para garantizar justicia a las víctimas y sancionar a los responsables.

“Estamos haciendo justicia para que los delincuentes estén donde tengan que estar y que ustedes tengan sus escrituras de propiedad. Vamos a seguir adelante y continuar construyendo este rompecabezas que nos dejaron los funcionarios del pasado”, manifestó.

Entre los casos atendidos en esta entrega destaca la lotificación El Chaparral, ubicada en el distrito de Colón, donde las familias esperaron 43 años para obtener seguridad jurídica sobre sus parcelas, convirtiéndose en la más antigua del grupo beneficiado.

El Ministerio de Vivienda aseguró que seguirá impulsando procesos de regularización para brindar certeza legal a miles de familias salvadoreñas que por décadas han vivido sin documentos que respalden la propiedad de sus terrenos.