Comisión Política avanza en reformas para aplicar cadena perpetua con respaldo del Gabinete de Seguridad

Redacción: Fernanda Tamacas

(ENNews)-  La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este día a integrantes del Gabinete de Seguridad para discutir reformas complementarias destinadas a implementar la pena de prisión perpetua en distintos delitos. En la sesión participaron Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública y director en funciones de la Policía Nacional Civil (PNC), y René Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional.

Durante su intervención, Villatoro explicó que desde 2022 las autoridades advirtieron la posibilidad de un repunte en algunos delitos distintos al homicidio. “Desde 2022 advertimos que iba a haber un repunte en algunos delitos sexuales y patrimoniales porque la tendencia de homicidios iba bastante abajo”, afirmó. Señaló que ese comportamiento fue analizado con mayor detalle desde 2024, pese a que el país registraba pocos homicidios y una caída marcada en las violaciones.

El funcionario indicó que uno de los hallazgos del análisis de seguridad es que cerca del 80 % de los homicidios recientes tienen origen en conflictos de intolerancia familiar. Además, sostuvo que el uso de armas de fuego ya no es un elemento predominante en muchos de los homicidios registrados en los últimos años.

Villatoro también aseguró que en el pasado existía un sistema que permitía la liberación de criminales, por lo que defendió que las reformas prioricen a las víctimas. “La empatía debe estar sobre las víctimas, sobre los buenos. Para nosotros la víctima no es el imputado y el victimario no es el agente de seguridad”, expresó.

Cambios en la tipificación de delitos

En cuanto a los cambios legales, explicó que durante el régimen de excepción se ha aplicado el artículo 345 del Código Penal, relacionado con el delito de agrupaciones ilícitas, para procesar a miembros de pandillas. Con las reformas propuestas, este delito se redefiniría para delincuencia común, mientras que la pertenencia a pandillas pasaría a tipificarse como pertenencia a organizaciones terroristas.

Según el ministro, esta modificación permitirá diferenciar entre bandas criminales y organizaciones criminales, además de establecer mecanismos de revisión y reinserción social para algunos casos, manteniendo sanciones firmes.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, sostuvo que existe consenso entre los presentes sobre la necesidad de las reformas, aunque señaló que sus declaraciones van dirigidas a quienes cuestionan las medidas en materia de seguridad.

El funcionario recordó que durante el inicio del régimen de excepción hubo críticas que minimizaban la importancia de la seguridad, y destacó que el país cerró el último año con 82 homicidios, lo que representa una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes. “Esto ubica a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental”, afirmó.

Merino Monroy explicó que, a partir de esos datos, el Gabinete de Seguridad analizó las causas de los homicidios restantes, concluyendo que muchos estarían vinculados a la “permisibilidad de las leyes vigentes”. En ese sentido, defendió que las reformas buscan evitar que estos hechos se repitan.

“Esta es una forma de garantizarle al pueblo salvadoreño que estos delitos no se vuelvan a repetir y de definir el modelo de seguridad y justicia que queremos para las futuras generaciones”, señaló.

Reformas al Código Penal

Entre las iniciativas en estudio se encuentra una amplia reforma al Código Penal. El Gobierno propone modificar los artículos 128 y 129 sobre homicidio simple y agravado, así como los artículos 158, 159 y 162 relacionados con delitos de violación, para establecer la pena de prisión perpetua. También se plantea incorporar el artículo 344-A para tipificar el delito de pertenencia a pandillas como organización terrorista, sancionado igualmente con cadena perpetua.

Cambios en otras leyes

Las propuestas incluyen además cambios en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, específicamente en los artículos 45 y 46, para que el feminicidio y el feminicidio agravado sean castigados con prisión perpetua.

Otra de las reformas planteadas es a la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de que menores vinculados a pandillas o responsables de delitos graves como asesinatos o violaciones puedan ser procesados con mayor rigurosidad e incluso enfrentar penas de prisión perpetua bajo ciertos supuestos.

Asimismo, se proponen modificaciones a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo para redefinir el concepto de organizaciones terroristas e incrementar las penas para quienes formen parte de estas estructuras.

Revisión de la cadena perpetua

De acuerdo con las iniciativas, la pena de prisión perpetua tendría mecanismos de revisión obligatoria después de determinados plazos que variarían entre 25 y 40 años, dependiendo de la gravedad del delito y otras circunstancias, con la posibilidad de otorgar un régimen de libertad controlada si un juez determina un pronóstico favorable de reinserción social.

Las reformas forman parte del proceso legislativo que busca adecuar la normativa secundaria a la reciente modificación constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos considerados de alta gravedad, como homicidio, violación y terrorismo.

La Comisión Política en la próxima sesión recibirá al fiscal general. Rodolfo Delgado, para continuar con el estudio.