Tampoco existe protección y restitución efectiva de sus derechos, informaron esta mañana miembros de la ONG Cristosal mediante conferencia de prensa.
(EN NEWS) Cristosal exhortó esta mañana a la administración Bukele realizar los esfuerzos necesarios para que se designen en el Presupuesto General de la Nación los recursos orientados a atender las víctimas de desplazamiento forzado, ya que estos fondos representan por ahora el 0.01% del presupuesto del Ministerio de la Defensa.
Con este propósito Cristosal alista una propuesta de reglamento a la ley especial que abarca tanto la atención como la protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.
El documento será entregado oficialmente en próximos días al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que es, según la ley, la institución rectora del tema, a través de su dirección de atención a víctimas para luego ser aprobado por el presidente de la República como decreto Ejecutivo.
Miembros de Cristosal aclararon que sobre el tema que ya existe una Ley Especial marco para la Atención y Protección Integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno aprobada por la Asamblea Legislativa en enero de 2020.
Posteriormente fue sancionada por el presidente Nayib Bukele y se publicó en el Diario Oficial el 23 de enero del mismo año y pese a que La ley manda a elaborar, en plazo de 90 días a partir de su entrada en vigencia, un reglamento para su ejecución.
En su contenido medular
establece también que debe designarse un presupuesto anual para su implementación y hoy día tanto su reglamento como los recursos optimismo para subsanar esta problema duerme el sueño de los justos.
En la actualidad no se cuenta con el reglamento, instrumento fundamental que debe determinar los elementos sobre organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención y Protección a personas en condición de desplazamiento forzado (SINAPI).
«Por ahora no existen las respuestas estatales a las víctimas del desplazamiento forzado interno en la protección y restitución efectiva de sus derechos», expresaron los ponentes de Cristosal.
De acuerdo con Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y con base en los datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto aprobado para 2021 de la Atención Integral a Víctimas del Ramo de Justicia y Seguridad Pública es de 233,335 dólares, lo que significa un recorte del 13.4% con respecto al presupuesto 2020.
