Así lo expresaron miembros de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y el Movimiento Nacional de Defensa de la Tierra al cuestionar fuertemente a todos los candidatos partidarios ante la ausencia del tema habitacional en sus ofertas de campaña.

(EN NEWS) —Según sus representantes, este vacío se evidencia en todos los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y Concejos Municipales que parecen estar lejos de velar por el pueblo soberano, especialmente en materia de acceso a vivienda digna.

“La campaña se ha orientado mayoritariamente al posicionamiento de rostros o figuras, por sobre propuestas que brinden respuestas sostenibles a la satisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la población” expresaron los demandantes en conferencia de prensa.

Para FESPAD, las propuestas en materia de vivienda deberían garantizar compromisos y acciones encaminadas a reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, ya que las familias desfavorecidas son numerosas y se ubican a lo largo y ancho del país.

Y es que la situación de vivienda en El Salvador no es alentadora; de acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el déficit total por unidades de vivienda es de 1,388,477 señalando que el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo asciende a 91% .

Para FESPAD y el Movimiento pro defensa de la Tierra la producción de viviendas y hábitat debería ser prioridad en las propuestas electorales, bajo la visión de proveer de espacios habitacionales para que las familias vivan seguras y en paz.

Para ello es necesario dejar de apostar al rédito del mercado o la visibilización publicitaria mediante soluciones asistencialistas e insostenibles para las familias salvadoreñas sostienen los denunciantes.

Afirman, que los punteos de algunas propuestas de los partidos políticos referente a la temática de vivienda no están orientados a que el Estado asuma un papel protagónico en la satisfacción de este derecho; más bien, se orienta a plantear acciones en el marco de mercado inmobiliario, lo que limita el acceso a la vivienda adecuada de la población en general.