Los representantes de las ONG’s prevén una coyuntura difícil en el tema de debate democrático luego de los resultados de los comicios del 28f; sin embargo, hacen un llamado para que se privilegie el diálogo constructivo.

(EN NEWS)—Organizaciones de la Sociedad Civil brindaron una conferencia de prensa esta mañana sobre el “estudio del funcionamiento de los concejos plurales en El Salvador” durante dos periodos (2015-2021), con una nota de 7.65 adjudicada por la población en sus municipios.

El estudio se realizó mediante
revisión documental, 18 entrevistas con actores claves, el desarrollo de dos grupos focales con alcaldes y el liderazgo local, así como por la aplicación de una encuesta en línea en la que participaron al menos 67 municipios de los 14 departamentos.

El estudio de impacto tuvo como referencia los objetivos que la reforma buscaba originalmente en búsqueda de más democracia y participación ciudadana. Ejemplo:

● Fortalecimiento de la representación
política (partidos/electores).
● Despolarización de la sociedad.
● Incentivo a la participación de la
ciudadanía.
● Mayor transparencia en el uso de
recursos y en la gestión municipal.
● Fortalecimiento de la gobernabilidad del país.
● Generación de condiciones favorables
para la descentralización del Estado.
● Estabilidad en la gestión de los
gobiernos locales (transiciones y planes
de largo plazo).
● Fortalecimiento a la democracia y
estabilidad en los gobiernos locales.

El compromiso del pacto político de 1994 por la integración proporcional de los Concejos Municipales, concluyó luego de una larga lucha e incidencia social con la aprobación en el 2013 del Decreto Legislativo No. 326 que reformó los arts 220 y 264 del código electoral (arts 165 y 219 del código electoral vigente).

Acá se determinaron las reglas para la inscripción de candidaturas para Concejos Municipales, una planilla en caso de ganar la elección y otra lista en caso de no obtener mayoría simple; así como la regla para integrar los Concejos Municipales, escribiendo con tinta fina una normativa que otorga al partido político con mayoría electoral las potestades de los puestos claves de alcalde y síndico municipal.

El estudio fue presentado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con el apoyo de Fons Valencià per la Solidaritat y la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.