(EN NEWS) —El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) decidió sobreseer al ministro de Salud, Francisco Alabi, en el proceso sancionatorio en su contra por una compra irregular realizada durante la emergencia nacional por covid-19.

El TEG consideró que el funcionario no cometió “ninguna infracción al deber ético” cuando autorizó la adquisición de insumos a una empresa donde su tía y primos eran directivos, según despacho periodístico de la Prensa Gráfica.

La compra corresponde a un lote de 26 mil pares de botas de hule que ocuparía el personal médico y que estaba valorado en $225,000. El proceso se dio en el contexto de la pandemia del Covid-19, cuando el Ministerio de Salud y varias instituciones gubernamentales podían realizar compras sin rendir cuentas.

Según la resolución del TEG, con fecha del 20 de diciembre de 2021, la institución no encontró que Alabi infringiera el artículo 5 literal C de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que sostiene que los funcionarios públicos deben “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”.

“Este Tribunal no advierte elementos que permitan determinar la existencia de la probable infracción al deber ético. Por tanto,  sobreseer el presente procedimiento iniciado por denuncias presentadas contra el doctor José Francisco Alabi Montoya”, decretó el TEG.

Según lo investigado por la institución, en la fecha que sucedió la contratación para la compra de las botas a la empresa Autotodo S. A, de C.V. las personas que se indican como familiares del ministro ya no formaban parte de la junta directiva de dicha sociedad. Sin embargo, sí mencionan que en la misma se mantenía Celina Quiñónez viuda de Montoya, tía política del funcionario.

El proceso sancionatorio por parte del TEG inició en julio de 2020, cuando los ciudadanos Daniela Genovez y Andy Failer presentaron una denuncia que señalaba la compra irregular ejecutada el 17 de abril del mismo año.

Genovez y Failer citaron la publicación del medio digital Gato Encerrado donde aparece la orden de compra de dicha empresa donde se relaciona al ministro con los miembros de la junta directiva José Ángel Montoya Quiñonez, Gonzalo Montoya Quiñonez y Violeta Montoya Quiñonez, quienes son sus primos.

La nota incluía documentos del Centro Nacional de Registros (CNR) que demostraban que en 2020 ellos eran miembros de la junta directiva de Autotodo. Además comprobaba que la firma del contrato pertenecía a la tía política del funcionario, Celina Quiñónez viuda de Montoya.

Para Failer la resolución demuestra que el TEG es una institución “sin dientes”. “Ahora, ya no solo es difícil dotar de mejores herramientas al TEG, ahora es imposible. Con esta última resolución, se comprueba nuevamente que las instituciones están secuestradas, aseguró.