(ENN)-Trascendió que el presidente Nayib Bukele pidió a Paredes la renuncia, la cual ya fue presentada y aceptada. A Paredes ya se le emitió la solvencia de la Presidencia y ello significa que deja el cargo de Presidente del BCR.

La decisión se da en medio de un juicio por delito de estafa. Paredes, quien llegó a la presidencia del Banco Central de Reserva el 1 de junio del presente año, acudió el miércoles 20 de noviembre a audiencia en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, junto a César Augusto Alvarado Reyes.

Ambos son acusados por la FGR de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas.

A la diligencia fueron convocados tanto los imputados como a las partes procesales, para que comparecieran en una sala de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla.

Según el proceso judicial, Paredes Castillo y Alvarado Reyes, cobraron por varios lotes de una empresa identificada como Lomas de Santa Elena que le pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Los imputados eran los representantes de la sociedad que comercializó los terrenos, dicen las investigaciones.

Las víctimas en el caso aseguran que Paredes Castillo, exdirector del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y Alvarado Reyes, les cobraron aproximadamente $700,000.00 por 26 lotes que no fueron entregados en su totalidad, pese a los contratos de compromiso de venta que se firmaron.

De acuerdo a la Fiscalía, el hecho por el que es procesado Paredes Castillo ocurrió en 2008.

El juzgado de instrucción programó la realización de esta audiencia luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que no podía anular el proceso como lo solicitó la defensa del funcionario, cuando se presentó la respectiva apelación ante dicha instancia superior judicial.

Con dicho recurso los abogados defensores buscaban que la Sala revirtiera la decisión de la Cámara de lo Penal de la cuarta Sección de Centro de Santa Tecla, que anuló la decisión del juez Segundo de Instrucción que había sobreseído definitivamente a ambos procesados, tras considerar que ya estaba vencido el plazo de ocho años para juzgar el delito.