(EN NEWS)- Además, la Asamblea aprobó con 66 votos, una reforma presupuestaria para destinar $80 millones de “excedentes” en la recaudación del IVA y del Impuesto sobre la Renta para destinarlos a los ministerios de la Defensa Nacional, y de Justicia y Seguridad Pública.

$20 millones de dólares se destinarían a operaciones del ejército y apoyo institucional. Los restantes $60 millones serían destinados a la compra de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas a las instituciones de Seguridad Pública y Policía Nacional Civil.

Estos fondos servirán para “combatir de manera frontal a terroristas” y “restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”. De los $60 millones destinados a Justicia y Seguridad, $30 millones se destinarán a compra de bienes y servicios, y $30 millones a transferencias.

La Asamblea Legislativa aprobó con 62 votos una Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, que regular la entrega de recompensas a personas que brinden información de grupos terroristas buscados por las autoridades o que incluso que ellas los aprehendan.

Los participantes, ya sea porque proporcionen información o que entreguen ellos mismos a las personas requeridas, no estarán obligados a entregar información personal o confidencial, “salvo al momento de la entrega de la recompensa si fuese indispensable”.

Las recompensas serían entregadas si entregan a personas que “hayan sido determinadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y que se encuentran relacionados en la lista que al efecto cree dicho ministerio y de los cuales haya una difusión u orden de captura por parte de las autoridades competentes”, de acuerdo al artículo 2 del decreto.

El diputado Romeo Aüerbach, del grupo parlamentario de GANA, aseguró que será confidencial y que las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad son confiables. La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que están “replicando” leyes de potencias y países desarrollados.