(EN NEWS)- “Me duele respirar”, fue lo último que dijo Álvaro Conrado luego de que una bala lo alcanzó, cuando llevaba agua a estudiantes que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega hace cuatro años en Nicaragua. Su vida se detuvo, y también la de su familia.

Tenía 15 años cuando murió y aún estaba en el colegio. Las protestas habían empezado el 18 de abril de 2018. Dos días después, en medio de manifestaciones, recibió el disparo, aparentemente de un francotirador.

“Justicia y verdad. Eso es lo que queremos, que nos digan lo que pasó. A cuatro años de su muerte no hay ninguna persona detenida”, señaló Álvaro Conrado, padre de niño asesinado.

Mientras habla con la AFP, observa los objetos de su hijo en un espacio de su casa en Managua dedicado a su memoria: una patineta, zapatos deportivos, un diploma póstumo de bachiller y pósteres con la imagen de “Alvarito” que han llevado amigos y conocidos a su casa.

En 2018, manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud se extendieron hacia el propio gobierno. Hubo barricadas y choques con la policía.

El país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas con un saldo de 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sumergido en una crisis política desde entonces, el gobierno ha ilegalizado a partidos opositores, a oenegés e incluso a universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. No hay medios de prensa impresos independientes porque han sido clausurados.

Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de noviembre pasado, con la mayoría de sus rivales presos y acusados de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington.

Para el presidente las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado que trató de replicarse antes de las elecciones en 2021.

Según la oposición y la comunidad internacional, las detenciones formaron parte de una estrategia para permanecer en el poder.

En días previos al aniversario del estallido social, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, lo calificó como “una explosión infernal, malévola, maligna” y advirtió que “no habrá perdón ni olvido”.

Su presidenta, Vilma Núñez, dice a la AFP que el gobierno mantiene presos a 177 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia detenidos antes de las elecciones y condenados a penas de hasta 13 años. “Ha desatado otra ola de persecución con allanamientos, amenazas y arrestos”.

Al menos seis músicos y productores con una posición crítica fueron arrestados recientemente, según Núñez.

“Otra forma de represión es quitar el pasaporte a la gente para que no viaje y si están fuera del país no pueden renovar ese documento, lo que les deja en ilegalidad”, señaló Vilma Núñez, defensora de Derechos Humanos.